ENSENADA BC 7 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Jorge Eduardo Cortés Ríos afirmó que la propuesta de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) de incrementar el 23 por ciento a la tarifa del agua es ilegal de origen, ya que no cumple con las formalidades de aprobación por parte del Consejo de Administración de la paraestatal.
Reveló que el pasado jueves 30 de noviembre se llevó a cabo la reunión del Consejo de Administración de la Cespe, donde participaron los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en calidad de consejeros en representación de la iniciativa privada.
Indicó que en esa reunión se les presentaron dos escenarios para el incremento de las tarifas: uno de hasta el 99 por ciento para las tarifas domésticas, de acuerdo con las escalas establecidas de consumo y otra del 23 por ciento en forma universal para tomas domiciliarias, comerciales e industriales; ambas propuestas fueron rechazadas por el gremio empresarial local argumentando que la Cespe no ha hecho lo suficiente para ser eficiente en la prestación del servicio, ni en sus procesos y operación; por ejemplo dijo bajando costos y reduciendo la nómina, así como los salarios que en promedio rondan los 36 mil pesos.
Señaló que la propuesta del 23 por ciento de incremento general, es decir en los servicios doméstico y comercial, fue aprobada por la mayoría integrada por tres consejeros del Estado de Baja California, uno del Ayuntamiento de Ensenada y un representante ciudadano, que en total sumaron cinco, y los votos en contra fueron de los representantes de la Canaco y la Canacintra.
Cortés Ríos explicó que sin embargo, la ilegalidad radica en la presentación de una tercera propuesta “sacada de la manga” por el Gobierno, para presentarla al Congreso del Estado y que nada tiene que ver con lo aprobado por el Consejo de la Cespe.
“La Canacintra siempre ha propuesto que el Consejo de Administración de la paraestatal esté integrada por una mayoría de consejeros ciudadanos y menos representación gubernamental, lo que evitaría la manipulación política de las decisiones. En esa tercera propuesta ilegal, ya en manos de los diputados, se propone aumentar el precio del agua en dos por ciento, sólo para la tarifa comercial e industrial, sin tocar para nada la doméstica en ninguna de sus escalas o niveles de consumo”, advirtió Cortés Ríos.
Resaltó que la Canaco y la Canacintra dejaron en claro durante la reunión de Consejo de la Cespe que no se aceptan los incrementos a las tarifas domésticas y comerciales, mientras no estén debidamente justificados y la paraestatal no explique qué está haciendo para mejorar su eficiencia y productividad.
“Ahora resulta que el Gobierno está tratando de hacer ver a los representantes de la iniciativa privada como “los villanos de la película” por no aprobar tarifas a modo. El llamado es a los diputados, en particular a Rocío López Gorozave, Claudia Agatón y Alejandro Arregui, de Ensenada, para que no aprueben el incremento a las tarifas, porque no están debidamente justificadas y la propuesta que les hicieron llegar no es la que aprobó el Consejo de Administración con el voto en contra de los consejeros de la iniciativa privada y por lo tanto es ilegal”, sostuvo.