TIJUANA BC 7 DE JULIO DE 2016 (AFN).- Melba Adriana Olvera Rodríguez, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California, ofreció una conferencia sobre la historia y evolución de los derechos humanos ante miembros de la Sociedad de Historia de Tijuana.
Durante su exposición, expuso el proceso histórico de construcción del concepto de derechos humanos, entendido como demandas de acción que tienen como base la garantía de la dignidad humana, derechos como prerrogativas reconocidas en el contexto internacional y que obligan al Estado a cumplirse, para mejorar el nivel de vida ciudadano.
Precisó que en el siglo sexto antes de Cristo, Ciro El Grande promulgó en Babilonia un tratado que marca el nacimiento de los derechos humanos, en el cual se establecieron prerrogativas como la libertad de los esclavos y la libertad de religión; idea que se extendió a Grecia, la India y Roma, y dio origen al concepto conocido como "derecho natural".
Fue la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", dijo, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948, el primer documento contemporáneo en la materia, en la que el concepto referido se convierte en derechos humanos.
Olvera dijo que en México, la lucha por los derechos humanos tuvo como primer antecedente la promulgación, en 1847, de la Ley de Procuradurías de Pobres, en San Luis Potosí; que en 1979, en Nuevo León se creó la "Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos"; y en 1989 nació la "Dirección General de Derechos Humanos" dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob); mientras que en 1992, fue creada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de una reforma constitucional al Artículo 102, la cual le dio el carácter de "agencia descentralizada" con personalidad jurídica propia.
En el caso de Baja California, señaló que la 13 Legislatura estatal creó en 1990 la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana; que en 2015 pasó a ser la CEDH.
La presidenta de la CEDH dijo que los organismos públicos de derechos humanos se han establecido en los países para asegurar que las leyes y reglamentos relativos a la protección de los derechos humanos se apliquen efectivamente; y se dedican principalmente a la protección de quienes se encuentren bajo la jurisdicción del Estado en contra de la discriminación o los malos tratos, y promueven la protección de las libertades civiles y los demás derechos humanos; además de ocuparse de presuntas violaciones a los derechos humanos reconocidos en la constitución y/o instrumentos internacionales de derechos humanos.