*.- “Truena” el alcalde de Tijuana y revela “presiones”
*.- Afirma no estar en “guerra” con el gobernador pero…
*.- Se anuncian procedimientos contra ex funcionarios
*- La democracia “no es una práctica para valentones”, sentencia el alcalde

En inesperadas revelaciones, el presidente municipal de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo “tronó” este miércoles contra la administración estatal panista, habló de “varias semanas de hostigamiento”; de una campaña en medios para imponer su Ley de Alcoholes y de varias irregularidades que según esto se cometieron en la administración municipal pasada y que no les ha permitido, justificó, avanzar como nuevo gobierno.

Tras concluir el evento en el que se analizaron los primeros cien días de su administración y donde también, de manera sorpresiva, hasta el Secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Gustavo Huerta Martínez, hizo señalamientos que parecieron acusaciones a quien fue su jefe inmediato, el Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez, el alcalde aseguró “no estar en guerra” contra el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, pero advirtió que “no se dejará” y que defenderá al gobierno municipal, rematando con lo que fue su frase de campaña pero ahora modificada: “Porque Tijuana lo necesita… Tijuana no se detiene”.

Y a cien días de haber tomado el “timón” de la ciudad, el presidente municipal manifestó que la hacienda local “tiene tantos baches como la ciudad” y reveló que la transición que se hizo de un gobierno a otro, fue “llena de baches y de hoyos financieros”.

Por su parte la Síndico Municipal, Yolanda de la Fuente Enríquez, hizo públicos los nombres de funcionarios municipales de la pasada administración sobre los que existen procedimientos y de otros tantos que son investigados por su oficina.

Después de entregar el documento que contiene sus acciones, en el evento donde fue acompañado por integrantes de sus gabinetes legal y ampliado, el presidente municipal dijo a reporteros que el gobierno estatal impulsó reformas a la Ley de Alcoholes “pasando por encima de la Constitución y vulnerando la autonomía municipal”.

Añadió que ahora (el gobierno Estatal) intenta desviar la atención de la población “con publicidad pagada” en lugar de hacer frente a una controversia constitucional que fue interpuesta por su gobierno “como es mi obligación en defensa de los tijuanenses y su autonomía”.

Le recordó al gobernante que fue su partido (el PAN), quien en el año 2001 reformó la Constitución para dar a los municipios la facultad de regular los contenidos de esa Ley (de alcoholes), sin embargo estableció que el mandatario ha llevado el litigio a los medios de comunicación, en lugar de hacerlo donde corresponde, ante la Suprema Corte.

Afirmó que durante semanas estuvieron recibiendo “hostigamiento” de la administración estatal panista, lo cual manifestó que ya no es posible seguir permitiendo y fue insistente en su advertencia de que “defenderá al gobierno municipal y su autonomía”.

Manifestó su extrañeza sobre la actitud que ha adoptado el gobernador en este sentido y se preguntó que cuál es el interés por desestabilizar el trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad que en este momento han estado trabajando de manera adecuada.

“No apostemos a la violencia de ningún modo ni a manifestaciones de intolerancia política”, agregó Bustamante quien añadió que la democracia no es una “práctica para valentones sino un ejercicio pleno de responsabilidades”.

Refirió que es tiempo de “demostrar con veracidad y absoluta responsabilidad, cómo recibieron el gobierno”, advirtiendo que los números son el respaldo y fundamento que los tijuanenses demanda.

La hacienda “con tantos baches como la ciudad”

A cien días de gobierno Bustamante aseveró que la que se hizo “fue una transición llena de baches y de hoyos financieros y manifestó que recibió la administración con 1,041 millones de pesos de déficit de operación.

Y dijo que frente al proceso de renegociación de la deuda que recientemente les fue autorizado por el Congreso local, quienes se niegan a reconocer el riesgo que existe de parálisis administrativa “son los mismos que la provocaron y que ahora, una vez más, pretenden engañar”.

Con la operación por ellos determinada, dijo que su gobierno logrará ahorrar entre 8 y 10 millones de pesos mensuales. Asimismo dijo que queda clara la incapacidad del gobierno para pagar los servicios, tales como energía eléctrica, mantenimiento de las unidades de seguridad pública y otros.

“El PIRE”, manifestó, sólo representa el 7 por ciento de las vialidades de Tijuana “y ahora todos los tijuanenses pagaremos la deuda”. Fue aquí donde sentenció: “Hay tantos baches financieros en el gobierno de la ciudad como en las calles”.

Procedimientos contra ex funcionarios

La Síndico Municipal, Yolanda de la Fuente Enríquez, estremeció políticamente a los asistentes al revelar sobre los procedimientos que se han establecido en contra de funcionarios que colaboraron en la administración del ex alcalde Jorge Ramos Hernández.

Gustavo Lemus, dijo la funcionaria, tiene un dictamen en su contra por diversas anomalías como son: el haber ocultado o evitado su declaración patrimonial, tanto al ingresar como al concluir su gestión. Lemus se desempeñó como Jefe de Reglamentos y salió del cargo tras un escándalo que se produjo cuando AFN reveló una conversación que sostuvo siendo funcionario, con un empresario de la Zona Norte, al que le dijo que los gobiernos estatal y municipal apoyaban al entonces candidato a la alcaldía por el PAN, Carlos Torres Torres.

En el caso de Héctor Magaña, quien fungió como Síndico Municipal en el XIX Ayuntamiento, refirió que por el asunto de un terreno entregado a un medio de difusión como pago por una deuda publicitaria, en tanto que a Arturo Berrelleza Cruz, ex Director de Responsabilidades del anterior gobierno municipal, también por diversas irregularidades.

Comentó que hay otros procedimientos contra por lo menos 20 ex funcionarios más y dijo que se hicieron auditorías en la Secretaría de Seguridad Pública y otras de las dependencias municipales. En cuanto al área de Presidencia a cargo de Jorge Ramos, la funcionaria comentó que existen alrededor de 51 millones de pesos cuyos destinos no se han podido confirmar.

Hasta Huerta hizo acusaciones

El Secretario de Seguridad Pública de la ciudad, Gustavo Huerta Martínez también entró a la “tanda” de acusaciones y entre otras cosas informó que en diciembre pasado, el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del país, le avisó que Tijuana estaba en riesgo de perder la partida correspondiente al SUBSEMUN, por haberse desviado presumiblemente fondos, para la homologación de la imagen institucional.