MEXICALI BC 18 DE ABRIL DE 2012 (AFN).- El Congreso del Estado de Baja California aprobó ayer un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se creó una Comisión especial encargada de vigilar el correcto uso de recursos estatales y municipales durante los procesos electorales del 2012.

Dicho organismo, se informó, será presidida por el diputado Alfonso Garzón, e integrada por los legisladores Marco Vizcarra, Claudia Agatón, Gregorio Carranza, Víctor Navarro, Francisco Sánchez y Gustavo Magallanes.

Dicho documento presentado por el órgano de gobierno del Poder Legislativo fue leído en tribuna por el diputado Julio Felipe García Muñoz, quien expuso que ante el inicio de las campañas electorales, salta a la luz pública el cuestionamiento sobre la utilización de los recursos públicos en apoyo de un candidato, o en el reencauzamiento de programas sociales hacia beneficios partidistas e intereses particulares.

Por lo cual advirtió la necesidad de vigilar que los procesos electorales se realicen con estricto apego a las leyes, evitando cualquier posibilidad de que se afecten los resultados finales.

La Comisión Especial tendrá la responsabilidad de vigilar y prevenir que se desvíen fondos, bienes o servicios para apoyos de candidaturas o partidos políticos; de contribuir a una cultura de actuación responsable de los servidores públicos en el entorno a los procesos electorales; y disuadir posibles actos de corrupción en el Gobierno Estatal y Municipal, así como los partidos políticos con motivo de los procesos electorales.

También deberá coadyuvar para que los programas sociales no se utilicen con fines electorales; abonar para los apoyos lleguen a la población beneficiaria apegándose irrestrictamente al marco legal; tener corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno en el ejercicio responsable de sus programas sociales; informar a los beneficiarios de programas sociales sobre la exigibilidad y defensa de sus derechos políticos y sociales; y promover investigaciones y presentaciones de las mismas en materia y rendición de cuentas, combate a la corrupción y uso de los recursos públicos.

Además, de acuerdo al planteamiento formal, tal Comisión está facultada para informar a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación masiva y demás órganos pertinentes, sobre la existencia, el objetivo y los alcances de esta comisión; realizar visitas en donde se vayan a celebrar procesos electorales con la finalidad de conocer las estrategias, programas y acuerdos sostenidos por todos los actores políticos y sociales que pretendan garantizar una jornada electoral equitativa.

También para recibir, analizar y en caso, canalizar las denuncias ciudadanas que tengan vinculo con el uso indebido de los recursos públicos en los procesos electorales; para sostener reuniones de trabajo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y con la Procuraduría General de Justicia del Estado cuando se considere necesario; al mismo tiempo canalizar a dichas Instituciones públicas las denuncias ciudadanas que se reciban.

Deberá además sostener reuniones con el titular del ejecutivo estatal, munícipes, y los partidos políticos; denunciar a los servidores públicos que incurran en uso indebido de recursos, bienes muebles o inmuebles, materiales, personales o documentación que haya propiciado una práctica electoral desleal o no equitativa; y denunciar a los servidores públicos, que en uso de su encargo, empleo, o comisión, destinen apoyos, inscripciones, recursos o materiales provenientes de programas sociales para beneficiar a algún candidato o partido político.

También tiene facultades para vigilar y monitorear el comportamiento de los programas sociales que pudieran utilizarse para apoyar a un partido político o candidato en el Estado y sus municipios; solicitar respetuosamente la comparecencia de los funcionarios estatales, que en el ámbito de su responsabilidad, pudieran incidir en los procesos electorales; y las demás que sean acordadas por la mayoría de los integrantes de esta Comisión.

“Es menester que esta soberanía lleve a cabo un seguimiento puntual de estos procesos, para revisar que dichas elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal, así como para verificar la actividad de las autoridades electorales locales; nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de velar por el respeto a los derechos político electorales de la sociedad y no podemos quedar impasibles ante la posibilidad de que se trasgredan estos derechos”, señaló el diputado Julio Felipe García.