TIJUANA BC 30 DE MARZO DE 2012 (AFN).- El diputado federal Francisco Vega de Lamadrid, señaló que todos los sectores sociales, incluidos los gobiernos estatal y municipal, grupos empresariales y organismos civiles, "deben sumar esfuerzos y presionar a la federación, para que no se cumpla el anunciado cierre de la garita de San Ysidro, en esta frontera".

El ex alcalde de Tijuana fue invitado al desayuno institucional de los consejeros de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, reunión presidida por Karim Chalita Rodríguez, ante quienes expuso los escenarios a los cuales podrían enfrentarse si el Gobierno Federal decide no dar marcha atrás a sus pretensiones de cerrar el cruce actual para abrir los accesos a Tijuana en la zona conocida como "El Chaparral", donde hace unas semanas se inauguraron modernas vialidades de ingreso, aunque "del otro lado" actualmente no se ven avances en instalaciones ni accesos en el mismo sentido.

Sobre el tema del cierre del cruce fronterizo a Estados Unidos, Vega de Lamadrid recordó que el días pasados se tuvo conocimiento de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó al gobierno estadounidense de dichos planes, programados para septiembre y octubre de este año, con el fin de realizar obras para modernizar los cruces en la zona, que llevarían un promedio entre 3 y 5 años.

"Los escenarios posibles, en caso de que las autoridades de México se decidan a cerrar la garita de San Ysidro, según los documentos que nos hicieron llegar del vecino país, incluyen diversos estudios sobre el impacto que traería para ellos y para nosotros este cierre parcial o total derivado de que el gobierno mexicano esté modernizando sus fronteras", comentó.

Estas consecuencias, que Vega de Lamadrid calificó como "efectos negativos", son principalmente porque no ha existido una adecuada coordinación entre las autoridades de ambos países para la ejecución de las obras, que aunque son necesarias traerán un fuerte impacto en tiempo de espera para el cruce y más si aumentan las revisiones; pero sobre todo se afectará a trabajadores, estudiantes, industriales, comerciantes y turismo en general.

Entre los impactos negativos, señaló que habría 45 minutos más de espera a los tiempos de cruce actuales, las filas de autos se mantendrán día y noche, se incrementarán los congestionamientos viales, se complicarán los accesos a los comercios locales y los cruces por la garita de Otay y lo más importante es que desviar el tráfico hacia México por el Freeway 5 en San Ysidro costaría 300 millones de dólares y el gobierno estadounidense no los tiene presupuestados actualmente.

A esto se suma, agregó el legislador federal basado en informes oficiales, que existen 60 mil emigrados que viven en Tijuana y cruzan la frontera de forma cotidiana, que el 83% de los cruces son mexicanos, y que se estima que hay 70 millones de cruces al año que saturarán los puntos de cruce que se habiliten durante los trabajos.

Las propuestas

Vega de Lamadrid señaló que entre las alternativas de solución para el tema, propone que no se cierre San Ysidro y que se logre el ingreso por la avenida Virginia de esa ciudad fronteriza, o bien que cierren la garita y que se logre el ingreso a El Chaparral por la avenida Internacional, conocida como "Beta"; de igual forma, que se realicen inspecciones conjuntas para que no se congestione el Freeway 5 y "presionar al gobierno mexicano para que de ninguna manera" cumpla sus pretensiones de cierre de la multicitada garita.

Como acciones de gestoría y trabajo legislativo que ha realizado en lo personal y como representante de Baja California en el Congreso de la Unión, Vega de Lamadrid señaló que solicitó la información que ha presentado a las empresas que la realizaron en Estados Unidos, envió un oficio a la SRE para solicitar que no se haga dicho cierre, y que ha pedido tener oportunidad de participar en las reuniones binacionales sobre este importante tema.

Además, agregó, tuvo un acuerdo con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán y se reunió con el alcalde Carlos Bustamante Anchondo para analizar el tema, unir esfuerzos contra las intenciones federales y buscar una solución a el tema; e inclusive envió una solicitud oficial para que la Presidencia de la República considere sus planes porque estas acciones traerán más daño que beneficio a todos los bajacalifornianos.