TIJUANA, BC 18 DE MARZO DE 2012 (AFN).- Pese a que el Instituto Electoral Federal (IFE) no tiene facultades para crear iniciativas de reforma a leyes, Jorge Luis Ruelas Miranda, vocal ejecutivo del Distrito 05 en Tijuana, señaló que ya es necesario regular los gastos porque en cada proceso electoral "se pierden millones de pesos".

Ruelas Miranda, quien participó con una reciente exposición sobre el desarrollo del proceso federal electoral en puerta, dijo que tan sólo un 40% de la población participa y ejerce su derecho a votar, sin embargo, el IFE realiza el gasto para toda la población registrada.

El Instituto, indicó, previo a la elecciones tiene obligación de garantizar a los ciudadanos su derecho a votar, esto significa que realizar los gastos que incluyen desde la impresión y traslado de boletas hasta las casillas correspondientes, a pesar de que existe una mayor probabilidad de que la persona no vote, lo cual genera un gasto innecesario para el organismo federal.

“Hablando de recursos se puede ser muy creativo, el IFE no tiene derecho de (hacer) iniciativa, pero si hemos escuchado de diversos actores políticos que creen que podríamos tener un listado nominal no completo sino uno ad hoc para cada elección, como en muchos otros países”, señaló.

La propuesta, dijo, consiste en realizar una encuesta en el universo de votantes que tienen la posibilidad de acudir a las urnas, para determinar y tener la certeza de un porcentaje real de quienes participarán en las elecciones y en base a lo anterior realizar el gasto en impresiones, traslados y otras actividades.

“Esto podría reducir la cantidad de boletas que se impriman, a lo mejor también las listas nominales, porque si se imprimen listas totales y un tanto para los partidos y otros para las casillas; entonces estamos hablando de millones de registros, libros y secciones, por lo que podría reducir considerablemente los gastos”, aseguró Ruelas Miranda.

En un proceso electoral, agregó, se gastan aproximadamente 16 mil millones de pesos de lo cual un poco más de un tercio es para gastos de papelería, y de los 77 millones de habitantes con credencial electoral, menos de la mitad hace uso de su derecho a votar.