México DF 14 de septiembre de 2011 (AFN).- Niños asesinados, desaparecidos, secuestrados, “levantados”; mujeres indígenas arrestadas por cultivo y otras por fungir como “mulas” para el transporte de drogas, son parte del saldo terrible que la “guerra” contra el narcotráfico -que ha emprendido el gobierno mexicano- ha dejado hasta el momento, además de las más de 40 mil muertes.

Esto es parte de las conclusiones a las que llegaron jóvenes latinoamericanos durante un foro celebrado este martes en la capital de la república, donde se puso de manifiesto que México “es un claro ejemplo del aumento de la violencia y las violaciones graves a los derechos humanos”, causados por una política de combate a las drogas que se enmarca en un contexto de seguridad nacional.

Por esto, dentro de la III Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Mexicana de Política de Drogas, los participantes se pronunciaron por la elaboración de una nueva estrategia basada en los derechos humanos, para evitar saldos como el que México tiene a cinco años de iniciada esa “guerra” y que se estima en más de 40 mil muertos.

De éstos, se indicó en esta conferencia: 1,300 son menores de edad, en tanto que otras 3 mil, según ha reconocido las Naciones Unidas “han sido víctimas de desaparición forzada, en tanto que el número de casos de tortura ha aumentado de manera exponencial”.

Aram Barra, director del Programa de Política de Drogas de Espolea, que es una organización de jóvenes para jóvenes (anfitriona del evento) dijo que la situación es todavía más grave para los usuarios de las drogas, que enfrentan altos niveles de violencia, estigma y discriminación.

Dentro de la presentación de la publicación: ‘Niños: Las víctimas olvidadas en la guerra contra las drogas en México’ Barra estimó que resulta particularmente preocupante, la situación de los jóvenes usuarios de los narcóticos, ya que se han convertido en “blanco” directo de bandas criminales y son constantemente asesinados, desaparecidos, levantados y secuestrados.

Además, dijo,  la “guerra” contra las drogas tiene mayores impactos negativos que positivos, ya que absorbe más presupuesto que otros renglones de acción prioritaria, como serían la  prevención, la educación y la reducción de daños, lo cual aseguró que “es realmente la fuente de la violencia que estamos experimentando a lo largo de la región, principalmente en México”.

Por esto, se insistió en ese foro a las autoridades, sobre la necesidad de replantear ese paradigma punitivo y represivo frente a las drogas para adoptar un enfoque de salud basado en el respeto y protección de los derechos humanos.

En otros contextos

En un contexto internacional se dijo que la “guerra a las drogas” que ya tiene varias décadas, ha tenido consecuencias devastadoras para el mundo y que América Latina ha sido una región particularmente afectada por este tipo de políticas, por lo que tanto los expertos como los políticos de la región se reunieron por tercera ocasión en la capital de la república para discutir los efectos que esta estrategia ha traído a nivel global.

“La actual estrategia de combate a las drogas, centrada principalmente en la militarización, ha provocado un aumento exponencial en los índices de violencia y un aumento de las violaciones graves a los derechos humanos” comentó por su parte, Daniel Joloy, coordinador de Derechos Humanos del Programa de Política de Drogas de Espolea.

También se pronunció por cambios en el sistema judicial para lograr controlar el hacinamiento carcelario que existe en toda la región y que impacta de manera directa a las mujeres jóvenes.

Hizo notar que en Argentina, hoy día, el 33 por ciento de quienes están en la cárcel se encuentran ahí por acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas, lo cual representa un incremento de más del 200 por ciento en el caso de las mujeres.

En Brasil los casos que tienen que ver con drogas son la segunda causa de encarcelamiento en tanto que en México hay 219 mil internos en la cárcel, de los cuales 20 mil purgan condenas por delitos contra la salud.

El 5% de las mujeres presas son indígenas y de éstas el 43 por ciento quedó detenido por cultivo o tráfico de drogas. En Bolivia, 80% de la población penitenciaria son hombres, el 20% mujeres y la mayoría fueron aprehendidas por fungir como "mulas", o sea, personas que transportan las drogas.