Mexicali BC 3 de julio de 2014 (AFN).- Una Iniciativa de Reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como al Código Penal ambos del Estado de Baja California, fue presentadapor el Diputado René Adrián Mendívil ante el Pleno del Congreso.

 

Durante su exposición de motivos, el Diputado señaló que en la iniciativa se proponen diversas modificaciones esenciales en materia de responsabilidades, con el objetivo de clarificar y establecer las áreas o unidades administrativas municipales que tengan funciones de contraloría interna para que sean definidas en su calidad de Órganos de Control.

 

Además se pretende  que estén facultados para aplicar sanciones a aquellos servidores públicos que incurran en conductas que generen actos u omisiones que afecten el debido ejercicio de la función pública.

 

“Ello es así, porque en el precepto vigente se advierte una laguna jurídica que genera confusión y duda respecto a su rol como autoridad conocedora y sancionadora de responsabilidades y ello genera impunidad en sujetos que deben ser sancionados” dijo.

 

Mendívil manifestó que la iniciativa establece que los Síndicos Procuradores y demás autoridades competentes que desarrollen funciones de contraloría, deberán dar oportuno seguimiento a la investigación administrativa correspondiente y en su caso tendrán que instaurar el procedimiento administrativo y llevar a cabo la aplicación de la sanción respectiva.

 

Por otra parte, también se propone una reforma al Código Penal del Estado, para que el servidor público pueda ser sujeto de sanciones penales, cuando dentro del procedimiento de licitación pública, incurra en negociaciones ilícitas y ejercicio indebido de atribuciones y facultades.

 

 Respecto a esto René Mendívil señaló que cuando un servidor público incurra en conductas en que adjudique obra pública, adquiera bienes, arriende, enajene, o contrate la prestación de cualquier tipo de bienes o servicios y no se dé cumplimiento a las formalidades y requisitos del procedimiento de licitación pública previsto en las leyes de la materia, que sea sujeto a las penalidades previstas actualmente en el artículo 305 del Código Penal, que va de 6 meses a 5 años de prisión y de 50 a 250 días multa,.

 

“Con ello se generan mecanismos que permiten la oportuna vigilancia, control y verificación de las acciones en materia de licitación pública y que el actuar de los servidores públicos sea desarrollado con mayor honestidad, confiabilidad y transparencia” finalizó.