ENSENADA BC 4 de agosto de 2011 (AFN).- El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCE) Héctor Contreras Luengas, informó que insistirá en su solicitud de “juicio político” al alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, ya que consideró grave que se hagan acusaciones tan serias como las que recibió en días recientes.
En entrevista con Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, el empresario aclaró que la petición inicial la hizo porque resulta preocupante, además de grave, para Ensenada y para el propio ayuntamiento, que se diga que su presidente municipal trató de extorsionar a una empresa que ha invertido en el puerto, además de la revelación en el sentido de que a uno de sus hijos le fueron depositados 2 millones de dólares, por parte de una empresa recién formada que tiene un capital social de $50,000.00 pesos.
Contreras Luengas, que hace tres meses dejó su cargo como presidente en el CCE del puerto, dijo haberse enterado de que su petición de “juicio político” fue desechada, por declaraciones del diputado priísta, Julio Felipe García, al que le dirigió la solicitud.
Comentó que vio las declaraciones del legislador, en un medio local y argumentó que lo dirigió a éste “porque es nuestro diputado” y aunque entiende las consideraciones de Julio Felipe García, estimó que los diputados deben hacer más por atender las peticiones de los ciudadanos.
Adelantó que buscará formalizar la solicitud, bajo los requisitos que estableció García y que inclusive recurrirá a autoridades y a abogados para asesorarse sobre la forma en que se podrían obtener las pruebas que pide el legislador, sin embargo anotó que con sus recursos y su calidad de particular, probablemente pudiera tener serias limitaciones..
Aclaró de igual forma que su petición la hizo como un “ciudadano preocupado”, ya que estimó que no se pueden ignorar acusaciones como las que hizo al periódico El Financiero, un representante de SEMPRA, en el sentido de que el alcalde lo trató de extorsionar con 2,500 millones dólares.
Indicó que fueron cinco páginas de una nota en un medio nacional, que afecta a una ciudad que como Ensenada requiere de inversiones. Esto, dijo, resulta negativo no sólo para promover a esta comunidad como destino de inversión sino también para todo el país.
Contreras también consideró muy delicado el depósito de 2 millones de dólares que se hizo a un hijo del alcalde -del mismo nombre- según revelación del semanario Zeta, no obstante, que Pelayo Torres declaró haber reintegrado el dinero -salvo dos millones de pesos- “a una persona (César Cázares) que no tiene que ver con esa empresa.
Esto, agregó, provoca incertidumbre y falta de credibilidad, tanto al ayuntamiento como al alcalde, por lo que es preciso que éste “se abra y explique por qué ese depósito y la supuesta extorsión” a esta empresa.
La carta de Contreras:
“La ingobernabilidad que hoy se vive en Ensenada tras las acciones del alcalde Enrique Pelayo Torres, han detenido por mucho, tanto la dinámica correcta del Gobierno Municipal como la implementación de proyectos del sector empresarial”.
“Ante el último escándalo que se vive en el municipio más grande de México y la respuesta que ha dado el alcalde Pelayo Torres con relación a las declaraciones del presidente de Sempra Energy en donde se le involucra en una red de corrupción, los ciudadanos no podemos quedarnos al margen”.
“Ante el escándalo en el que está involucrando no sólo a su familia, sino a él mismo y a México como un país que extorsiona a sus inversionistas, Pelayo Torres se ha convertido en una amenaza para el progreso no sólo de Ensenada o Baja California, sino del país mismo”.
“Solicito urgentemente abordar el tema y buscar los argumentos y acciones jurídicas pertinentes para ejercer un juicio político a Enrique Pelayo Torres y poner al municipio en manos responsables, que cumplan a cabalidad con las exigencias de una sociedad que a través del voto plasmó su esperanza de un mejor futuro para Ensenada”.
Contreras Luengas recurrió al Congreso atendiendo el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que establece que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de los elementos de prueba, podrá formular por escrito, ante la Presidencia del Congreso del Estado, una denuncia de Juicio Político, por la comisión de conductas que regula el artículo 9 de la misma Ley.
