MEXICALI BC 14 DE MARZO DE 2014 (AFN).- El diputado Juan Molina culpó al sistema de Justicia, así como autoridades de Gobierno en todos los ámbitos de indiferencia institucional, y prácticamente responsables por la muerte del hombre que se prendió fuego el pasado 6 de marzo en la explanada del Centro Cívico de Mexicali que evidencio -dijo- falta de seguimiento a un protocolo básico de atención a la víctima de una injusticia.
“José Guadalupe Macías Maldonado, quien pasó más de una década en prisión por los errores de un sistema de justicia caduco y fallido, aun confiando en las autoridades, acudió a éstas a pedir ayuda y orientación, pero lamentablemente volvió a ser víctima de la indiferencia institucional, no obstante que de acuerdo a las resoluciones judiciales que lo absolvieron, él había pasado de ser imputado a ser ahora una víctima, y como tal debía de ser tratado”, comentó el legislador en el pleno del Congreso.
Su dicho lo basó al conocer la historia de Macías Maldonado quien estuvo once años en prisión, "y no se le apoyó con atención psicológica inmediata y permanente, violentando principios constitucionales fundamentes. Tampoco se le vinculó a un programa de apoyo para el empleo, no se le apoyó socialmente para que al menos el Estado pudiera resarcir, en parte, el gran daño que ocasionó no sólo a la vida de este hombre, sino también a la de toda su familia”, sentenció el legislador.
En respuesta a este suceso que conmovió a la sociedad bajacaliforniana, Molina García propuso un exhorto, aprobado por unanimidad del Pleno, en el que se solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), fortalezca los procesos de capacitación y sensibilización de su personal en el tema de atención a víctimas y testigos.
El exhorto pide también a esa dependencia de gobierno que remita a esta Soberanía un informe detallado respecto del estatus que guarda la averiguación previa, en la que fue —refirió el legislador— injustamente señalado como responsable el ciudadano José Guadalupe Macías Maldonado, así como el seguimiento de la misma.
“En los últimos meses, en Baja California hemos sido testigos de varios casos que nos deben hacer reflexionar, sobre la urgencia de revisar actuaciones que se vienen dando al interior de las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia en el Estado, y de la urgencia de que los integrantes de estas áreas y las organizaciones de profesionales del derecho, empiecen a trabajar seriamente en la revisión del sistema de justicia penal vigente en nuestra entidad”, finalizó.
