CIUDAD DE MÉXICO 23 DE OCTUBRE DE 2013 (AFN).- El senador Marco Antonio Blásquez, exigió hoy al Consejo de la Judicatura Federal, la protección a periodistas en Baja California; y específicamente "se opone a que los jueces Quinto y Décimo Tercero de Tijuana exijan a comunicadores de la Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) a revelar sus fuentes", lo que a su juicio “es una actitud antidemocrática e inquisitorial”.

 

Señaló, por  medio de un comunicado, que presentó un punto de acuerdo de urgente resolución "en el que solicita al Consejo de la Judicatura del Honorable Poder Judicial tenga a bien practicar una revisión de los expedientes 29/2013; 268/2012-A y 29/2013".

 

Lo anterior, agregó en su escrito, "a fin de que las normas protectoras de periodistas surtan efecto para no poner en riesgo la vida e integridad personal de los comunicadores mencionados en dichos expedientes".

 

Expuso el senador que un Estado que presume de ser democrático no puede ni debe ejercer presiones "como aquellas en las que periodistas de la Agencia Fronteriza de Noticias han recibido por parte de los titulares de los Juzgados Quinto y Décimo Tercero de Distrito en Tijuana, Baja California en el sentido de que revelen sus fuentes de información. Esto es un acto autoritario y contra lo establecido por la Ley para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y contraviene lo establecido en el Artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en decreto del 6 de junio de 2006,“ indicó.

 

El legislador bajacaliforniano informó a dicha instancia federal, que "Los periodistas y medios de comunicación afectados han recibido trato inquisitorial por parte de algunos juzgadores federales en Baja California, y estas actitudes no resultan acordes con el compromiso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus ministros han asumido con los derechos humanos, y deben enmendarse a fin de garantizar a los periodistas el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito de la jurisdicción federal”.

 

Aparte, Blásquez Salinas aludió a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 publicada en el DOF en materia de derechos humanos, donde se establecen las nuevas obligaciones de las autoridades para proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos, además de que "Son muy claros los preceptos nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión".

 

La SCJN, dijo, ha asumido una actitud pro-activa en función de la reforma constitucional de los derechos humanos y se muestra comprometida con la preservación de las libertades fundamentales del pueblo de México; tras solicitar al Consejo de la Judicatura del H. Poder Judicial de la Federación, "valorar si es procedente y congruente con la decisión de dicho Poder manifestada por los señores Ministros y Consejeros a favor de los derechos humanos, el practicar una revisión a los expedientes mencionados en ejercicio de las facultades que considere le asistan con el ánimo de retroalimentar su programa de capacitación en materia de derechos humanos".