MÉXICO DF 1 DE JULIO DE 2013 (AFN).- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se sumó a la denuncia que hizo este día el diputado local Gregorio Carranza Hernández y acusó públicamente al gobierno de José Guadalupe Osuna Millán de haber desviado 1,300 millones de pesos para favorecer a los candidatos panistas.
 
En un comunicado emitido este día, se detalla la forma cómo supuestamente se desviaron esos recursos; se mencionan algunos nombres; involucran a actuales candidatos a diputados e identifican al gobernador por una supuesta clave de “El Almirante”, en lo que supuestamente sería el Operativo denominado “Baja Azul”, denunciado por el legislador local.
 
En comunicado emitido ese día se afirma que se utilizó la base de datos gubernamental para identificar a ciudadanos y tratar de comprar su voluntad, por lo que el CEN tricolor exigió al gobernador que cumpla con su deber ético y jurídico y que deje de influir en la libre expresión democrática de los bajacalifornianos.
 
Aseguró contar con documentos probatorios mediante los cuales obtuvieron suficientes evidencias para la presentación esa mañana de una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),
 
Refiere el PRI que entre las evidencias presentadas como parte de la denuncia, existen pruebas que demuestran que a través de operaciones que coordinan funcionarios públicos estatales, se utilizan recursos humanos y materiales para el pago de brigadistas que difunden acciones de gobierno y buscan comprometer a los ciudadanos para que voten por los candidatos del blanquiazul.
 
También dijo tener evidencias de que uno de esos desvíos se se realizó con dinero del Programa de Empleo Temporal, con un presupuesto estatal de 36 millones de pesos, el cual sirvió para pagar a los brigadistas con nivel séptimo de la nómina del gobierno estatal.
 
Según el PRI, se destinaban sueldos de entre 12 y 20 mil pesos a coordinadores y brigadistas encargados de las operaciones ilegales y afirmó que tiene en su poder, una lista de todos los miembros de esa estructura paralela que creó con fines electorales el gobierno estatal.
 
En el listado se incluyen nombres, domicilios, correos electrónicos y teléfonos de coordinadores municipales, distritales, enlaces institucionales, jefes de sección, brigadistas y movilizadores, que iniciaron sus operaciones desde diciembre de 2011. Por ejemplo, señalan a  María Dolores Murrieta Andrade, que es la coordinadora municipal política en Mexicali, quien aparece en la Plantilla de Personal de la Secretaría General de Gobierno con un sueldo mensual de 50 mil pesos.
 
Adicionalmente, y de acuerdo también con las evidencias obtenidas, la estrategia gubernamental comprende tres etapas: detección, operación y movilización, con lo que se efectúa un análisis de las secciones electorales en todo el estado para clasificarse  clasifican por prioridad con los números 1, 2 y 3.
 
La operación del gobierno de Baja California incluye un diagnóstico comunitario de secciones prioritarias para detectar necesidades y programas de gobierno que poseen mayor impacto en el ánimo de la sociedad. De igual forma incluye un mecanismo de mercadotecnia de contacto directo, mediante un barrido con encuesta inductiva, disfrazada de encuesta institucional, en la que el gobierno de Osuna Millán invirtió diez millones de pesos y que se denunció públicamente el sábado pasado.
   
Esta encuesta, afirman, fue utilizada para etiquetar a los ciudadanos como “afines al PAN”, “Potenciales” y “Contras”.
   
Se afirma que también,  el gobierno del estado de Baja California desarrolló un software que ilegalmente introdujo al sistema del gobierno, por parte del jefe de Informática de la Secretaría General de Gobierno, César Torres, para capturar los nombres de los ciudadanos considerados como afines y con capacidad de votar por el PAN.
 
Esta estrategia, utiliza a la Universidad Tecnológica de Tijuana y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Baja California (CECyTE), las dos instituciones educativas estatales, que fueron puestas al servicio de esta operación, por instrucciones directas del gobernador del estado, dice el boletín.
 
Agrega que desde hace poco más de un año, en junio de 2012, previo a las elecciones federales, se empató el listado de “adicionados”, que son simpatizantes y militantes del PAN, con el del Padrón Electoral, a fin de mantener apoyos directos a través de obras, servicios y dinero en efectivo, beneficios que obtienen de igual forma, a través de su inscripción como beneficiarios de programas sociales.
 
La operación dicen que es coordinada por el propio gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán y se utilizaron claves para hablar por teléfono y para hacer señalamientos, dar instrucciones y operar acciones en documentos, donde se identifica al mandatario estatal con el alias de “El Almirante”.
   
Entre los coordinadores iniciales de estas acciones que comenzaron hace 30 meses, se encuentran Mario Osuna, candidato a la diputación por el Distrito X de Tijuana y Patricia Ramírez, candidata a la alcaldía de Tecate.