MÉXICO DF 2 DE JUNIO DE 2013 (lasillarota.com).- Miguel Barbosa Huerta aseguró que las elecciones del 7 de julio en 14 entidades del país “son la prueba de fuego del Pacto por México”.
Por ello, el perredista advirtió que el gobierno federal debe demostrar la suficiente voluntad política para impedir que se utilicen con fines electorales programas y recursos sociales.
El legislador poblano señaló que los gobernadores de las 14 entidades donde habrá elecciones este año “deben ser los principales promotores de un clima de entendimiento y convivencia democrática, más allá de los intereses que sus respectivos partidos puedan tener en esta elección”.
En ese sentido, aseguró que si las visiones locales y electorales se imponen, “se abrirá la puerta para un nuevo episodio de conflictos políticos que puede incidir, en otros espacios, en el Pacto por México”.
“El Consejo Rector del Pacto tiene ante sí el enorme reto de exigir y contribuir a la creación de condiciones para que las elecciones del primer domingo de julio se realicen de acuerdo a normas democráticas”, abundó.
Barbosa Huerta consideró que el desarrollo de las campañas, las circunstancias de la jornada electoral y la calificación de los resultados de las elecciones “configuran un escenario complejo para la gobernabilidad y, sobre todo, para la continuidad de un clima político propicio para la construcción de acuerdos en el seno del acuerdo nacional”.
Recordó que, derivado de las denuncias presentadas por supuestos desvíos de recursos para la coacción del voto en el estado de Veracruz, se incluyó un adéndum a los acuerdos del Pacto, donde se estableció, entre otros puntos, blindar los programas sociales para su uso en las campañas políticas.
“En cada una de estas entidades existen diversos grados de conflictividad que dejan entrever varios momentos de tensión entre los involucrados, que de no atenderse adecuadamente, podrían generar críticas severas a los procesos y posibles conflictos antes, durante y después del día de la elección”, subrayó.
Finalmente, se pronunció por “acabar por fin con la circunstancia de que en México, cada proceso electoral deriva en un conflicto, para transitar a un escenario de respeto a la legislación electoral y a la expresión libre del voto”.