Proponen usar los bienes del crimen organizado
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Proponen usar los bienes del crimen organizado

TIJUANA, BC - jueves 13 de septiembre de 2012 - AFN.
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TIJUANA BC 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (AFN).- El pleno del congreso local aprobó un acuerdo económico para exhortar al gobernador José Guadalupe Osuna Millán,  que celebre acuerdos con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para que los inmuebles decomisados al crimen organizado sean donados al Gobierno del Estado de Baja California, y que éste, a su vez, los utilice en el combate a las adicciones.

La propuesta proviene del Partido Nueva Alianza (Panal) y fue leída en tribuna por el diputado Gregorio Carranza Hernández, presidente de la Comisión de educación, ciencia y tecnología de la XX Legislatura, durante la pasada sesión ordinaria.

El diputado planteó la conveniencia de que el Ejecutivo estatal, en representación de los bajacalifornianos, celebre los acuerdos y convenios necesarios con el SAE, que es un órgano desconcentrado del Gobierno Federal y les haga saber la inquietud por participar de un porcentaje de la enajenación de bienes muebles e inmuebles provenientes de actividades ilícitas.

El objetivo es contar con recursos para el combate a las adicciones, a través de la recepción de donaciones, así como recibir en calidad de beneficiarios de aquellos cuyo abandono haya sido legalmente declarado, en favor del Estado; todo ello para atender las necesidades que en materia de combate a las adicciones se tiene en la entidad, se informó.

Carranza señaló que la nueva legislación federal en la materia, establece claramente que la junta de gobierno puede autorizar a los administradores, depositarios o interventores, el uso de los diversos bienes y que estos pueden recaer en titulares de organismos federales, estatales o municipales.

Además, añadió, el artículo 34 del ordenamiento federal, define la posibilidad de asignación o donación de los bienes a las entidades federativas o municipales para que los utilicen en servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

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