La diputada Rosana Soto Agüero exigió congruencia a las autoridades estatales, en especial a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), para que respeten los descuentos anunciados por el gobernador del estado José Guadalupe Osuna Millán, en relación a los adeudos de agua que tienen los bajacalifornianos con la paraestatal.
Este sàbado, la presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, junto a medio millar de residentes de colonias ubicadas en el décimo sexto distrito del estado se inconformaron porque la CESPT se negó a aplicar los descuentos tal y como fuera anunciado por el Ejecutivo del Estado a inicios de este año.
La priista denunció que el decreto, el cual entró en vigor desde el primero de enero fue cambiado a comparación del que leyó el gobernador del estado el pasado dos de enero cuando en conferencia de prensa junto a la Congresista Rosana Soto, expuso los detalles de dicha disposición.
"Al día siguiente que lo publicaron (el 3 de enero) le cambiaron un parrafito, en ese parrafito están perjudicando a todos los ciudadanos que hicieron en alguna ocasión un convenio con la paraestatal con la finalidad de regularizarse", manifestó.
Tanto los Que concretaron un convenio con la CESPT antes del 3 de enero, así como los colonos que tengan una toma comunal y presenten adeudo, dijo la Congresista, fueron excluidos de estos beneficios sin motivo alguno, aunque un día antes de que se publicara el decreto, el Gobernador Osuna Millán anunciara lo contrario.
"Nosotros propusimos que a las personas más humildes que quienes tienen toma comunitaria no las continúen excluyendo de los beneficios del convenio, me dicen que a los de toma comunitaria no les están dando la facilidad de que cubran su adeudo en pagos porque no tienen con qué responder, entonces esto es una injusticia porque la gente quiere regularizarse", reprochó.
Hasta la tarde de este sábado, la representante social en compañía de decenas de colonos continuaban exigiendo una respuesta a sus peticiones en las oficinas centrales de la CESPT.
De acuerdo con la diputada, en su distrito existen al menos cinco mil tijuanenses que han sido afectados con este cambio no autorizado en el decreto, por lo que advirtió con hacer todo lo necesario para que las personas de más escasos recursos obtengan una respuesta del gobierno Estatal.