MEXICALI BC 12 de junio de 2012 (AFN).- Los Secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado así como el procurador de justicia, deberán comparecer ante el Congreso de la entidad para explicar sobre presumible espionaje por parte de la autoridad estatal, según aprobó el pleno de la legislatura este día en Mexicali.

  A petición de diputados de las fracciones del PRI, PT, PEBC, PVEM y Panal, el Congreso aprobó por unanimidad que comparezcan: Cuauhtémoc Cardona Benavides, Secretario General de Gobierno; Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad y Rommel Moreno Manjarrez, fiscal estatal.

  Se trata, según dijeron, de que informen “con precisión” los nombres de líderes empresariales, sociales, eclesiásticos, universitarios, políticos, funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno, así como a los mismos Legisladores que son espiados por el programa del gobierno del estado.

  El coordinador de la bancada priísta, Julio Felipe García Muñoz, presentó a  consideración del Pleno un punto de acuerdo firmado por los Legisladores de las fracciones parlamentarias ya señaladas y por el diputado del PAN Ricardo Magaña, para solicitar la comparecencia de los funcionarios, el miércoles 20 de este mes, ante la Junta de Coordinación Política, a partir de las 10 horas.

 Ya sometido al Pleno, todas las fracciones, incluida la del PAN, aceptaron hacer esas convocatorias y además, exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) que de seguimiento a las denuncias penales que por tal situación se presentaron en su momento.

 Por lo que se refiere a las comparecencias, se  pretende que los mencionados hagan una exposición sobre el manejo de la intervención de comunicaciones privadas, con base al artículo 16 Constitucional y que informen a quiénes están espiando. De igual forma pidieron que se detenga está práctica que violenta las garantías elementales de los ciudadanos.

  En su exposición de motivos, el diputado García Muñoz recordó que en días pasados se difundió una grabación telefónica de una conversación sostenida por el Diputado Elí Topete Robles y el ex Diputado Enrique Acosta Fregoso “lo que representa una clara violación al derecho a la privacidad o intimidad protegida por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la garantía de seguridad jurídica de todo gobernado a no ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino cuando medie mandato de autoridad competente debidamente fundado y motivado; además, disponiendo también que las comunicaciones privadas son inviolables”.

  Luego advierte que: “El espionaje telefónico del que fuimos o debo decir somos objeto los diputados, no es una práctica nueva de los gobiernos incluso hace unos meses la misma candidata de Acción Nacional fue víctima de este tipo de espionaje donde estaban coludidos el titular de la Secretaria de Seguridad Publica federal y la vocera presidencial”, aseguró.

  Agregó que hoy en día, estas prácticas resultan inaceptables, ya que afectan el rol que cumplen los representantes populares en la democracia moderna. Además, advirtió, que “estas prácticas ni son legítimas, ni justificadas en ningún caso, no sólo porque éticamente son cuestionables, sino porque fundamentalmente afectan la independencia y credibilidad de uno de los tres poderes del Estado de Baja California”

El diputado se pronunció en nombre de los firmantes del documento, en contra de estos actos que son ilegales y que, insistió, manchan la reputación y honorabilidad de las personas y de las instituciones, manipulando toda clase de información, a fin de influir en el presente proceso electoral o en la carrera política de las personas.

 Por esto, exigieron al gobierno estatal a que dé una explicación “clara, concisa y de frente a la ciudadanía” de cómo es que esta tecnología que debe ser enfocada a la persecución de delitos, es desviada “para fines perversos”, aseguró, insistiendo en que “no se puede ocultar que esta tecnología de punta, está en manos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado”.

  Mucho menos se puede negar, aseguraron, cuando es el encargado de comunicación social del gobierno estatal, quien distribuyó esta grabación, que paradójicamente, afirmó “es el mismo modus operandi que (se utilizó) en la intervención telefónica a la Candidata de Acción Nacional”.

“No nos da comezón que vengan a comparecer” dice el PAN

Por su parte, los diputados panistas que también aprobaron la propuesta anterior, afirmaron que “A nosotros no nos da comezón que vengan a comparecer funcionarios”.

  Rubén Alanís, a nombre de sus compañeros legisladores, dijo lo anterior pero advirtió que en lo que no están de acuerdo es en los señalamientos de que funcionarios de la administración estatal son los responsables de esas grabaciones.

  Dijo que “parece quevienen a sentenciarlos de una vez por todas en lugar de venir a dialogar con los diputados” y advirtió que no se pueden hacer señalamientos directos o acusaciones hacia personas e instituciones “si no se tiene certeza a través de evidencias de que estas son responsables, pero respaldó que se lleve a cabo una investigación con el propósito de conocer la verdad”.

“Apoyamos a nuestro compañero diputado Elí Topete y reprobamos tajantemente cualquier intervención telefónica ilegal, así como cualquier acción que vulnere el respeto del Poder Legislativo y su relación con todos los actores políticos”, indicó el legislador blanquiazul.

Luego dijo que no “hay miedo” de que funcionarios estatales acudan a comparecer al Congreso las veces que sean requeridos, sobretodo, cuando se trata de aclarar temas tan delicados como el posible espionaje telefónico”.