México DF 4 de Mayo de 2015 (La Silla Rota) .- La PGR ha acusado penalmente a Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de Ficrea, de haber robado sólo 90 millones de pesos a sus clientes y lavarlos en la compra de 11 inmuebles, de los 5 mil 800 millones de pesos del fraude que cometió.
La acusación que se le hace a Olvera es 64 veces menor al delito que le han acusado las autoridades bancarias, lo que equivale un 1.55 por ciento del desfalco.
De acuerdo con el expediente del principal accionista de Ficrea y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing, con dinero de los clientes, compraron locales comerciales, residencias y departamentos en Acapulco, Guadalajara, Distrito Federal y Estado de México.
“El transferir dichos recursos con destino a cuentas a nombre de Rafael Olvera Amezcua y a nombre de las personas morales de las que es accionista, colocó en riesgo los recursos de los ahorradores y se alejó de su objeto social como sociedad financiera popular. (…) Dada la triangulación de recursos, en sí mismo representa un acto ilícito, pues el dinero de los ahorradores se desvía a cuentas bancarias de dos personas jurídicas colectivas y de una persona física, que no se relacionan con el objeto social de la Sofipo”, señaló el juez federal Raúl Valerio Ramírez.
Al comparecer ante el SEIDO, el director general de Ficrea, Sergio Ortiz Valencia, exclamó que la empresa se dedicaba a captar y colocar recursos de los clientes en el sistema financiero, Bausa and Jackman Leasing, que era el outsourcing de Ficrea.
También se daban créditos, pero no contaban con chequera como los bancos comerciales, por lo que el cliente pedía crédito mediante cartas de instrucción de pagos a favor de Leadman Trade.
Sin embargo, la PGR indicó que Olvera hizo una triangulación de recursos de Ficrea a favor de las otras dos empresas, “sin soslayar su intervención en la intervención en la realización de operaciones en efectivo por montos considerables, lo que hace imposible conocer el origen y destino de los recursos”.
El inmueble que se encuentra en Lomas de Chapultepec en el DF, es la más cara con un costo de 19 millones 605 mil pesos, siendo Olvera el comprador.
La propiedad más barata se ubica en Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, con un monto de 775 mil pesos por Baus and Jackman Leasing y representada por el principal accionista de Ficrea.
El notario Alfredo Caso Velázquez es acusado de ser cómplice de Olvera por protocolizar las compras de los 11 inmuebles y que pudiera evadir los controles que previenen la comisión del delito de lavado de dinero.
Gilberto Cerón Poo, Aldo Reséndiz Guerrero y Alejandro Antonio Mendoza Vélez fueron representantes y/o apoderados de las empresas de Olvera.
Los responsables del fraude están presos en los Penales del altiplano y El Rincón, en el Estado de México y Nayarit. Mientras que, Mendoza y Olvera todavía no han sido detenidos.