Ciudad de México 30 de diciembre de 2014 (lasillarota.com).- El Senado de la República analiza una reforma constitucional que establece el mecanismo para declarar la desaparición de poderes en cualquier estado, cuando se violen gravemente los derechos humanos de los ciudadanos o se comprueben actos de corrupción de autoridades.

La iniciativa, presentada por el vicepresidente del Senado, José Rosas Aispuro Torres, plantea que no existe uniformidad en el criterio de aplicación del artículo 76 de la Carta Magna y en la práctica, con relación a los estados, y tampoco se ha llegado a un acuerdo en el que se establezca el supuesto de desaparición de poderes.

El legislador dijo que sólo el 53.1 por ciento de las entidades federativas poseen un procedimiento para el caso que prevé el artículo 76 constitucional sobre su facultad para declarar la desaparición de poderes, además de que no todas coinciden en que es necesario que los tres poderes desaparezcan.

En su iniciativa, Rosas Aispuro establece al menos tres criterios para declarar la desaparición de poderes: cuando una entidad esté gravemente permeada por la corrupción y existan pruebas suficientes para suponer que el jefe del Ejecutivo o la mayoría de los servidores públicos pertenezcan a la delincuencia organizada.
Además, cuando se hayan realizado graves violaciones a derechos humanos o violencia desmedida y los poderes no establezcan las medidas necesarias para detener esas violaciones.

Por ello, el senador duranguense planteó modificar la fracción V del artículo 76 constitucional, a fin de establecer criterios pues “hoy existen dos graves problemas en torno a esa figura”.

Señaló que el primero consiste en saber en qué circunstancias puede declararse la desaparición de poderes y el segundo “es que la figura tenga los suficientes candados para que no se abuse de su uso o que sea utilizada con fines políticos”.

Destacó que con su propuesta, los senadores tendrán la posibilidad de decretar la desaparición de un solo poder, cuando así se requiera, además de contar con los mecanismos de seguridad para evitar que se utilice con intenciones políticas.