Ciudad de México 26 de diciembre de 2014 (lasillarota.com).- La iniciativa para desaparecer a las Policías Municipales, no ha prosperado a pesar de haber sido marcada como una prioridad en el decálogo de seguridad del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El 27 de noviembre pasado, en Palacio Nacional y frente a dirigentes empresariales, gobernadores y los presidentes de los Poderes Legislativos y Judicial, Peña Nieto expuso diez puntos para frenar la infiltración del crimen organizado en municipios y revertir la corrupción, violencia y descontento social.

Por el momento sólo se ha concretado un operativo policial para la región de Tierra Caliente en el estado de Michoacán.

La responsabilidad de que se apruebe el decálogo recae en gran medida en el Congreso, pero éste cerró su periodo ordinario el 15 de diciembre sin acuerdos sobre las iniciativas claves de la estrategia.

Además de la desaparición de las Policías municipales, propuso una reforma para disolver los municipios vinculados con el crimen organizado y otra para redefinir y dar claridad al sistema de competencias penales. Las propuestas de inmediato fueron cuestionadas por actores de la oposición.

El nuevo modelo policial propuesto por el mandatario se encontró también con la negativa de los alcaldes del PAN y de la izquierda, que lo consideran invasivo, centralista y autoritario.

En tanto el Senado de la República integrará grupos de trabajo por temas, en los que participarán dependencias federales, y organizará audiencias públicas con expertos y miembros de organizaciones civiles.
A pesar del exhorto de Peña Nieto para su "pronta aprobación", las leyes y reformas anticorrupción también se atoraron en la Cámara de Diputados por desacuerdos entre el PAN y el PRI.

En lo que compete al Gobierno federal, no se han reportado avances sobre el establecimiento del 911 como número de emergencia nacional ni respecto de la creación de la Clave Única de Identidad.

Tampoco se ha abierto el nuevo portal de información sobre proveedores y contratistas de toda la administración pública federal, en el que se conocerá el número y monto de los contratos de cada dependencia y las empresas que prestan sus servicios.