Columnista de la SillaRota: JUAN ANTONIO LE CLERCQ 

Los ingredientes que darán forma al 2015 ya están sobre la mesa: turbulencia e incertidumbre económica, descrédito político y deterioro institucional, movilización ciudadana y abstención electoral, así como el riesgo omnipresente de episodios de violencia, de nuevas manifestaciones del horror.
 
Todo ello combinado con un gobierno desacreditado e incapaz de entender la dimensión de la crisis política, partidos igualmente azorados y una ciudadanía que ha perdido en forma creciente la confianza en sus instituciones y autoridades.
 
El Senado determinó dictaminar hasta el siguiente periodo de sesiones la propuesta de reforma constitucional enviada por el presidente en materia de seguridad y no en un periodo extraordinario, como era el objetivo inicial del PRI. Esto representa sin lugar a dudas una derrota importante para un presidente que apostó a darle un giro a la crisis  política a través de reformas legales. El gobierno y el PRI perdieron en unos meses la capacidad negociadora para impulsar una agenda enfocada a definir las bases constitucionales para un nuevo modelo de coordinación nacional en materia de seguridad pública.
 
Con lo cual, y si realmente el gobierno está convencido de la relevancia de su propia iniciativa, el PRI estará ahora obligado a construir acuerdos para la reforma en los meses previos a las elecciones. Lo cual en este momento luce muy complicado, en especial ante la inercia electoral y las críticas de los partidos ante el modelo centralizante impulsado desde el gobierno. 
 
El presidente tampoco tuvo la capacidad, o en este caso la voluntad, para impulsar la aprobación de un nuevo diseño institucional para enfrentar  más efectivamente la corrupción. El dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción queda en suspenso ante el rechazo de la oposición y de organizaciones ciudadanas a las modificaciones presentadas por el PRI. Decisión muy preocupante en un contexto marcado por los casos de conflicto de interés que en los últimos meses han involucrado al presidente, su esposa y al secretario de Hacienda.
 
En este caso no es que no se entienda que los ciudadanos demandan sanciones a los funcionarios corruptos, en realidad no interesa amarrarse las manos ni mucho menos abrir la puerta a investigaciones serias ante delitos como desviación de recursos públicos, uso indebido del servicio público o conflictos de interés.
 
La credibilidad del presidente y su gobierno se ha afectado profundamente a nivel nacional e internacional como resultado de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los conflictos de interés, una muy deficiente conducción de la crisis política, una peor estrategia de comunicación social y dudas sobre la capacidad gubernamental para manejar condiciones económicas muy adversas. La pregunta ahora es ¿cuál será la capacidad de interlocución de un presidente debilitado, cuya credibilidad se ha derrumbado y cuyas decisiones han  contribuido a profundizar la crisis política? ¿Estamos ante lo que los norteamericanos llaman un “pato cojo”?
 
Los partidos políticos, autoexiliados durante gran parte de esta crisis, tampoco han sido capaces de articular un discurso político coherente o de presentar una propuesta de agenda pública ante la violencia, la impunidad y los escándalos gubernamentales. En las próximas semanas se volcarán a seleccionar candidatos y es de esperar que centrarán su estrategia electoral en cuestionar los errores del gabinete y la conducción política gubernamental. Sin embargo, no es claro que esta estrategia sea efectiva ante el descrédito general de la política y los partidos y ante el alto nivel de abstencionismo que es posible esperar en junio próximo.
 
Elecciones federales y locales sobre las que pende también la amenaza de la violencia. En especial en estados como Guerrero y Michoacán, que se han convertido en sinónimo de fracaso institucional y en los que no es claro que la respuesta del gobierno federal permitirá recuperar el control territorial que ejercen las organizaciones criminales con la  complicidad de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
 
Es de esperar también más protestas y movilización en las que será cada vez más marcada la diferencia entre ciudadanos que exigen responsabilidad y rendición de cuentas y quienes apuestan por la confrontación con las autoridades y las soluciones extra institucionales. Lo que también agudiza el sentido de la crisis política que vivimos, es que aún no se perfila si de los movimientos de protesta ciudadanos emergerán nuevos liderazgos, capaces de encauzar el descontento, o si los ciclos de protesta se limitarán a expresar indignación en las calles.
 
Es un lugar común que en política todo vacío se llena. La pregunta tal vez más importante  es ¿quién llenará en 2015 el vacío dejado por una Presidencia sumida en el descrédito, un gobierno hasta ahora incapaz de comprender la gravedad de la crisis, partidos ausentes y autoridades en las que no confían los ciudadanos?
 
@ja_leclercq