Ciudad de México 25 de noviembre de 2014 (lasillarota.com).- En la última caseta de la Autopista del Sol, antes de llegar a Acapulco provenientes del centro del país, hombres y mujeres embozados reciben a los automovilistas: jóvenes se identifican como normalistas y piden una cooperación de 50 pesos a cambio de permitir el paso. 

Una vez entregado el dinero liberan el paso en esta comunidad que pareciera suspendida en el tiempo: los anuncios luminosos están apagados, pero en sus muros -pintados con graffiti- se pide el regreso con vida de los normalistas de Ayotzinapa.

A 60 kilómetros de aquí, en el municipio de Juan R. Escudero, policías comunitarios retienen a 15 agentes municipales acusándolos de haber secuestrado a un comandante de su organización. En Tierra Colorada, cabecera de este municipio, la alcaldesa Elizabeth Gutiérrez Paz y su marido Adán Sandoval son señalados por los policías comunitarios de tener vínculos con el grupo criminal 'Los Rojos', mientras que en la capital del estado, en Chilpancingo, se discute la supuesta investigación que involucra a 12 alcaldes más con nexos con el narcotráfico. 

Hacia el norte, en el  municipio de Teloloapan, despacha aún el alcalde Ignacio Valladares Salgado, quien fue videograbado por elementos de 'La Familia Michoacana' realizando el compromiso de proteger al grupo. 

Esto ocurre en Guerrero, en una atmósfera que se agudizó tras la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, supuestamente ordenada por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

Los escenarios anteriores son parte de los propios números de este estado: primer lugar en número de homicidios dolosos en 2014, con mil 150, hasta septiembre. De cerrar así el año repetiría el mismo lugar que tuvo en 2013, con 2 mil 87. En cuanto a tasa de homicidios, la situación es la misma, según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. 
 
La última actualización de la base de datos del propio secretariado arroja que Guerrero está en el cuarto lugar en cuanto a tasa de secuestro con 2.5 plagios por cada 100 mil habitantes, después de Tamaulipas, Morelos y Tabasco. Este número podría ser mayor si se toma en cuenta que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad reporta que 96 por ciento de los delitos en este estado no se denuncian. 

De lo denunciados, se desprende además que Guerrero está en sexto nivel nacional de robo de vehículo con violencia, con una tasa de 36 robos por cada 100 mil habitantes. La entidad atraviesa por una crisis económica, política y social que la hace transitar por una fragilidad gubernamental que de seguir así se podría convertir en un Estado fallido, advierte Gabino Solano Ramírez, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Guerrero.

“Formalmente funcionan las instituciones pero cada vez más espacios de poder son capturados por los poderes fácticos… En un punto en el cual (el Estado) sea incapaz de cumplir sus funciones, estaríamos hablando de un Estado fallido: es un escenario probable”, vaticina el académico.

Sobre las manifestaciones y protestas que se han desatado en la entidad tras los hechos en Iguala, explica que éstas son el producto de años de “represión” de gobiernos autoritarios que se han repetido a través de las décadas.

Indicadores derruidos
Los hechos de Ayotzinapa han desatado un sinnúmero de protestas callejeras y han golpeado las expectativas de los comerciantes: la ocupación hotelera en Acapulco se cayó, y el fin de semana largo con motivo del 20 de noviembre se registró un 50.3 por ciento de ocupación hotelera, 20 puntos menos que el año anterior, reportó el gobierno municipal. El turismo es la principal fuente de ingresos del puerto, y es lo que mueve la economía local.

Sobre la avenida Costera de Acapulco yace un negocio de comida con las puertas abiertas, sin empleados y con los muebles en venta. Pertenece a Laura Caballero, presidenta de la Asociación de Comerciantes Establecidos en La Costera. Ella tuvo que cerrar su negocio después de que el crimen organizado le quiso cobrar cuota.

“Yo no me presté a la negociación y preferí cerrar”, reclama Laura desde afuera de su negocio, y agrega, “el caso Iguala nos vino a dar el tiro de gracia”.

Desde La Costera, ícono del puerto de Acapulco, la comerciante lanza un grito de alerta para rescatar al principal polo económico del estado: “Acapulco tiene muchos años que lejos de irse viendo como una ciudad próspera, viene cayendo”.

El llamado “Buen Fin” en Guerrero no incrementó las ventas como esperaban los empresarios porque fue boicoteado a través de diversas acciones, como el cierre de centros comerciales en Chilpancingo; otras empresas bajaron las cortinas por decisión propia para evitar ser saqueadas o vandalizadas. 

Otro dato que expone los serios problemas del estado es el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) 2012, en el que se ubica a Guerrero, Chiapas y Oaxaca en los tres últimos lugares en el ranking nacional. Además, es de los estados del país que menos aportan al PIB. Con 1.4 por ciento, se ubica en la octava posición nacional, mientras que con una población similar, Baja California aporta 2.8 por ciento al PIB nacional, es decir, el doble.

El “Doing Bussiness 2014” del Banco Mundial clasifica a Acapulco en el lugar 29 como peor lugar para hacer negocios de entre las 32 principales ciudades de los estados, y de acuerdo al Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, publicado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la entidad se ubica en la  posición 31 de las 32 entidades, sólo por delante de Campeche. Claves todas de la tragedia de Guerrero hoy. 

Violencia y corrupción
Esta tarde de noviembre decenas de policías sentados bajo los árboles, en las banquetas o en sillas de plástico, comienzan a ponerse de pie cuando ven entrar  un taxi al estacionamiento de la base de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Un par de ellos ayuda a una mujer a bajar una inmensa olla del auto y la colocan sobre una mesa. La señora sirve en platos desechables porciones de chilaquiles,  mientras que la fila de policías que esperan su ración se hace cada vez más extensa.

Estos elementos están aglutinados en la Asamblea de Policías Municipales de Acapulco que se reúnen todos los días a las afueras de la base policial para conocer los  detalles de sus caso. Suspendieron labores desde hace cuatro meses, lo que llevó al alcalde Luis Walton Aburto a solicitar la presencia de la Gendarmería Nacional. Desde entonces, en las calles de Acapulco, la ciudad más importante del estado, prevalece el caos: algunos semáforos no funcionan, los conductores infringen las reglas de tránsito, los embotellamientos son frecuentes, y los robos y delitos comunes van al alza, según reportes de prensa.

El abogado que hace las veces de vocero de los elementos, reclama que mientras a los policías les regatean las refacciones para las patrullas, el gobierno presume de fuertes inversiones en seguridad. “Cada vez que hace un informe el gobierno municipal reporta gastos millonarios en compra de uniformes y mantenimientos de las patrullas”, reprocha.

En marzo pasado, cuando iniciaron los reclamos, el ayuntamiento de Acapulco informó que la mitad de los mil 600 elementos municipales había reprobado el examen de control y de confianza, pero que no los podían dar de baja porque no tenían recursos para la liquidación.  
Juan, uno de los policías que se halla en el plantón permanente y que sí pasó las evaluaciones de control y de confianza, afirma que el gobierno los tiene abandonados.

“Hay compañeros que andan dando lástima y que traen el mismo uniforme todos los días, o los cargan todos deslavados porque nosotros lo tenemos que comprar”, dice, mientras señala a uno de sus compañeros, un hombre delgado, de ropas flojas y botines sucios.

Desplazamiento
El problema de seguridad guerrerense explota en todas las regiones, no sólo en las ciudades más importantes. Desde finales del 2012 fueron desplazadas de la sierra de Coyuca de Catalán decenas de familias que se refugiaron en el municipio de Ayutla. 

Los desplazados no tienen tierras para vivir ni sembrar, y esto los obliga a depender de los programas sociales que les gestiona el gobierno. Tras dos años de lo sucedido, el Gobierno ha sido incapaz de garantizarles el retorno a sus tierras de donde fueron expulsados a balazos. Gabino Solano menciona que el clima de crispación y pobreza social del estado inició desde hace décadas, por lo que se necesita un cambio total de la forma de hacer política.

“El sistema político guerrerense ha sido de atraso, de cacicazgo, de una dependencia del centro, de violencia”, expone el maestro. 

Olor a sangre
Juan R. Escudero es un municipio importante para la geografía criminal: se encuentra a unos cuantos metros de la Autopista del Sol, justo en medio de Chilpancingo y Acapulco. Este punto es una zona codiciada y controlada por el grupo criminal 'Los Rojos', opositores de los Guerreros Unidos, presuntos autores materiales de la desaparición de los 43 jóvenes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

En estas tierras, hace cinco meses y tras un secuestro de casi un mes, fue hallado muerto y con huellas de tortura, Mario Rico Ramírez. Esta muerte se hubiera perdido entre los miles de homicidios anuales que registra el estado si no fuera porque se trató del escolta y chofer de la alcaldesa de ese municipio, Elizabeth Gutiérrez Paz, una mujer de 1.70 metros de estatura, cabello abultado y oscuro, de caminar erguido y con una decena de pulseras en los brazos a la que apodan 'La Potra' o 'La Patrona'.

Ella fue acusada por Anastasio Rico, padre de la víctima, de haberlo mandado matar: “Si algún día mi hijo pierde la vida, no hay más que La Patrona”, dijo entonces a medios de comunicación. Este hombre de la tercera edad y con problemas visuales que vive en una casa de madera con techos de láminas, declaró tener miedo de que la presidenta fuera a “completar” con él, ya que Gutiérrez Paz y su esposo Adán Sandoval son señalados de pertenecer a 'Los Rojos'.
 
“Ella es parte de toda la estructura. Me lo dijeron sus policías cuando los detuvimos la primera vez”, cuenta Bruno Plácido Valerio, líder de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). 

Esa primera vez de la que habla Plácido sucedió en marzo de 2013, cuando fue asesinado el comandante comunitario, Guadalupe Quiñones Carbajal.  Entonces la Policía Ciudadana sitió el municipio con cerca de 2 mil elementos y detuvieron al director de Seguridad Pública, Óscar Ulises Valle García, y a 14 municipales acusados de haber matado a su compañero por órdenes del grupo delictivo que domina la zona. 

“Se sabe que Los Rojos ordenaron matarlo para que nosotros no pudiéramos ingresar a Tierra Colorada, y quien operaba ahí era el director de Seguridad Pública, Óscar Ulises Valle”, enfatiza Plácido. 

Tras los sucesos, Ulises Valle fue depuesto del cargo, sin embargo, hace apenas 4 meses el aún presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Chilpancingo, Pioquinto Damián Huato, lo acusó de ser líder de una célula de 'Los Rojos' que extorsiona a madereros en la capital guerrerense.
A principio de año y antes de hacer estas revelaciones, el líder empresarial y ex diputado federal por el PRD sufrióun ataque a balazos donde su nuera perdió la vida. Una hora antes del atentado, se encontraba en El Ocotito, comunidad donde acusó al alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, de estar coludido con los grupos criminales.

“No le digo ni presidente porque para mí no es presidente. Él escogió estar en contra del pueblo y quiso estar al lado de los criminales. Y eso hizo, compañeros”, dijo él mismo ante pobladores.  

‘No voy a pedir licencia’
El palacio municipal de Juan R. Escudero es un viejo edificio de color azul que denota una comuna empobrecida. En sus interiores algunas puertas no funcionan y los muebles son antiguos, descuidados y se hallan en desorden.

En la oficina previa al despacho de la alcaldesa, los sillones están rotos y los escritorios lucen viejos y desgastados. El acomodo parece improvisado, y un viejo aparato de  refrigeración empotrado en la pared apenas alcanza a dar abasto en esta tarde  calurosa.

Cuando llega la presidenta  municipal, Guadalupe Gutiérrez Paz, varios de sus asistentes y secretarios se ponen de pie y entran a su oficina.

Afuera, sus escoltas con  armas largas vigilan desde el segundo piso que no aparezca nada sospechoso en las estrechas y serpenteantes calles del pueblo.

Abre las puertas de su oficina: un lugar pequeño, de pisos limpios y muebles pulcros. Detrás de su escritorio de madera, que luce en completo orden y está cubierto por un cristal, Guadalupe Gutiérrez se defiende de las acusaciones hechas por los comunitarios.

“Si había presencia de grupos de delincuentes como decía Bruno no era porque nosotros lo solapáramos; estamos en un punto estratégico: es una zona muy peleada”, expone la alcaldesa que viste falda blanca y  chaleco azul, como los colores de su partido, el PAN. 

Sentada en una silla color chocolate y resguardada por imágenes religiosas colocadas en tres hileras sobre un librero, donde también hay una enorme pieza de cuarzo, niega su relación con el crimen. Se deslinda de su esposo Adán Sandoval, acusado de ser el “jefe” de 'Los Rojos' en el municipio, y dice que desde que ella llegó al poder ya no tienen contacto como pareja, sólo como padre de sus cuatro hijos. “Él ya va para dos años que no está aquí; a lo que él se dedique ya no es de mi incumbencia”, acota.

 “A mí se me relaciona con el narcotráfico; que se me investigue. No voy a pedir licencia y si se me encuentra culpable que se me castigue”, agrega.

Gutiérrez Paz representa a la primera administración panista municipal y, según dice, para ganar el cargo trabajó duro en las comunidades porque ahí el partido tiene poca estructura y militantes: contándola a ella, son 43 panistas. Reitera que el voto de una parte de los 30 mil habitantes de Juan R. Escudero lo ganó sin utilizar el dinero del crimen organizado: “Si hubiese sido financiada por el crimen organizado hubiera ganado por más votos, y no por 101”, enfatiza.

En este mes, los policías comunitarios de Ayutla, que no pertenecen a la Upoeg detuvieron a 15 de sus policías municipales acusados de haber secuestrado a Ernesto Gallardo, un comandante comunitario que desapareció, según testigos, cuando lo iban persiguiendo policías municipales. A los días apareció, dijo que se escondió en el monte. 

Tras la entrevista, la alcaldesa se prepara para sesión de Cabildo. Afuera, frente a la entrada del edificio de gobierno, su camioneta oficial, una Jeep Grand Cherokee blindada de modelo reciente, está colocada en reversa.

Arriba, en el balcón del ayuntamiento, los escoltas se conservan alertas: con la vista de un lado a otro, como si en cualquier momento pudieran ser atacados. Mientras, en la carretera que va hacia Acapulco, las manifestaciones y bloqueos se mantienen itinerantes, tomando casetas, tomando palacios. Un día más en la vida del Guerrero al borde del Estado fallido.