Ciudad de México 18 de noviembre de 2014 (lasillarota.com).- El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en un documento oficial, fechado en marzo de 2014, que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podía estar involucrado en asuntos del crimen organizado tras la muerte de tres activistas, así como el secuestro y tortura de otras cinco personas.

En el texto elaborado por el órgano de gobierno estadounidense -dedicado sólo a México- se detallan más de 20 casos de violación de derechos humanos, incluido el caso Abarca.

"El 3 de junio (2013) las autoridades del estado de Guerrero encontraron los cuerpos de tres activistas políticos que fueron secuestrados el 30 de mayo. Otros cinco activistas escaparon de sus captores y alegaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había ordenado su tortura y mató a un activista con una escopeta. Un amigo o conocido del secuestrado dijo a periodistas que Abarca tenía relación con el crimen organizado", detalla el documento.

En una entrevista con el diario español El País, Nicolás Mendoza Villa, quien era chofer de uno de los activistas asesinados en las orillas de Iguala, dijo que vio a Abarca apuntar a la cabeza de Arturo Hernández Cardona, ex líder del movimiento campesino Unidad Popular.
”Vi cómo Abarca le apuntaba a la cabeza, en la mejilla izquierda, y le disparaba. Una vez caído en la fosa, le volvió a disparar".

Mendoza Villa quien desde junio de 2013 vive escondido, pensó que sería el siguiente en ser asesinado después de Hernández Cardona.

“Sólo pedí que arrojaran mi cuerpo cerca de una carretera para que mi familia pudiera hallarlo”, recuerda, pero en ese momento él pudo escapar.

Sin embargo, durante más de un año, sobre el alcalde no cayó ninguna denuncia penal por el caso.

Fue hasta su captura -semanas después de que las policías de Cocula e Iguala "levantaran" y según testimonios, asesinaran y quemaran a 43 normalistas de Ayotzinapa- cuando la PGR determinó que existían varios delitos en contra de Abarca, entre ellos, el del asesinato de Hernández Cardona.

En el documento de más de 40 cuartillas, el departamento de Estado de Estados Unidos asegura que los problemas sobre derechos humanos en México incluyen "serios abusos donde elementos de la policía y militares están involucrados, incluyendo homicidios fuera de la ley, abusos físicos, tortura y desapariciones. La impunidad y la corrupción siguen siendo graves problemas particularmente a nivel estatal y local, particularmente en las fuerzas de seguridad, y en el sector judicial.

"También persiste la violencia atribuida al crimen organizado contra las mujeres y la violencia contra los periodistas que limita la libertad de expresión", se lee en el documento.

En el análisis de la instancia de gobierno estadounidense se hace referencia a que hasta el 31 de agosto de 2013 la CNDH recibió 32 quejas relacionadas con asesinatos arbitrarios o ilegales y emitió una recomendación a las autoridades (basada en sus hallazgos de que un caso se trataba de una grave violación de los derechos humanos y merece una mayor investigación o sanción).

En el capítulo "Desapariciones", el documento refiere que hubo muchas referencias a la intervención del Ejército, la Marina y la policía (en todos sus niveles) en la desaparición de personas en todo el país.

"En varios casos, las fuerzas de seguridad habían detenido a personas a quienes mantuvieron incomunicadas durante varios días. Si bien el código penal federal clasifica a la desaparición forzada como un crimen, las desapariciones forzadas no constituyen un delito en varios códigos penales locales. El código penal federal y la legislación de las 16 entidades federativas que han clasificado la desaparición forzada como un crimen no utilizan las mismas definiciones, y las penas varían según la jurisdicción. Dieciséis estados no clasifican a las desapariciones forzadas como un delito".

En febrero de 2013, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que 26 mil 121 personas habían desaparecido entre 2006 y 2012, a pesar de que los funcionarios del gobierno reconocieron que las cifras no eran precisas.

"Según los expertos de la justicia penal, la mayoría de éstos eran propensos a haber sido perpetrado por las fuerzas del crimen organizado. El informe de la Segob identificó a los grupos más vulnerables a la desaparición forzada como defensores de los derechos humanos, activistas políticos y sociales, los migrantes, los hombres que viven en zonas de conflicto, y las mujeres y los niños víctimas de la trata", explica.

El estudio del Departamento de Estado de Estados Unidos recuerda que el gobierno de México publicó una ley para el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Desaparecidos en abril de 2012 con el propósito de crear una base de datos de información para el Sistema Nacional de Seguridad Pública para estandarizar y centralizar la información relativa a personas desaparecidas. Al 25 de octubre, el gobierno no había publicado las regulaciones para asegurar que la base de datos fue operable o claramente delegada a una agencia del gobierno para que albergara la base de datos.

"Amnistía Internacional (AI) señaló que el registro del gobierno carecía de cualquier mecanismo para actualizarlo y más cuando más personas son reportadas como desaparecidas, o cuando las personas desaparecidas reaparecen o se contabilizan en contrario. Amnistía también dijo que el registro no hizo ninguna distinción entre las personas que desaparecieron y los que fueron desaparecidos o secuestrados por la fuerza por grupos criminales. La CNDH informó que había al menos 7,000 cuerpos no identificados de personas que murieron entre 2006 y 2012, y se encuentran en morgues y fosas comunes.

"Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en febrero, México de Desaparecidos, que documentó aproximadamente 250 casos de desapariciones desde 2007. Los ejemplos incluyen 149 casos de desaparición "forzada" en la que HRW concluyó que los funcionarios de seguridad participaron en el crimen. El informe concluyó que hubo problemas generalizados con los sistemas legales, judiciales y policiales que han contribuido de manera significativa al problema de las desapariciones en el país. También sostuvo que las autoridades fallaron rutinariamente para realizar búsquedas e investigaciones exhaustivas y expeditos en casos de desaparición, y los fiscales rara vez emplea prácticas de investigación básicas fundamentales para la búsqueda de personas desaparecidas. En los casos en que los fiscales investigan, retardo procesal y la falta de herramientas legales y de investigación necesarias a menudo afectado negativamente el proceso judicial", refiere el documento.