México DF 7 de octubre de 2014 (lasillarota.com).- José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala y hoy prófugo por los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre y por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de tres de los operadores más cercanos al cártel de los Beltrán Leyva.
En Iguala todos lo sabían. Abarca era vendedor de sombreros en el mercado central. Vendía lo que necesitaba para sobrevivir. Conoció a los Pineda Villa y empezó a trabajar para ellos, ahí se abre una nueva historia para Abarca, de un puesto a base de guacales tuvo una accesoria, después otra, después empezó a vender otros artículos y de repente, en un lapso de tiempo considerablemente corto, era dueño de la plaza comercial Galería Los Tamarindos, la más importante del municipio.
En el camino se relacionó con la que dicen, es la que manda en Iguala. Según consta en averiguaciones previas abiertas desde 2008, tres de los Pineda Villa eran operadores de confianza de los Beltrán Leyva, y en aras de mantener el control del paso de la droga por el estado, idearon la conformación del grupo Guerreros Unidos, que al principio sólo peleaba el poder con otro grupo violento en la zona que se llaman Los Rojos, hasta que empezaron con extorsiones, cobro de cuotas y secuestros en la zona de Tierra Caliente. A la fecha, son temibles.
Se trata de Mario Pineda Villa, “el MP”; Salomón Pineda Villa, “El Molón”; y Alberto Pineda Villa “El Borrado”.
Los dos primeros fueron asesinados, según consta en reportes oficiales, por los Beltrán Leyva. Incluso, en un video publicado en redes sociales, la supuesta madre de los Pineda Villa -que aparece con ojos vendados y manos amarradas- asegura que el asesinato de sus dos hijos fue por un asunto de traición.
Fuentes de Gobernación aseguran que los Pineda Beltrán, al frente de los Guerreros Unidos, quisieron crear un cártel y negociar con los Beltrán el paso de la droga. La respuesta, la muerte.
“El Molón” estuvo encarcelado en Tamaulipas por delitos contra la salud y tiene algunos meses que fue liberado. Regresó a Iguala para establecerse como jefe de plaza de los Guerreros Unidos.
Pero el poder de la familia en Iguala era conocido y temido.
María de los Ángeles Pineda se casó con Abarca y empezaron la carrera política con una campaña, que hasta hoy se sabe, fue onerosa.
Ella, siempre de vestidos de corte entallados con la cabellera rubia y tacones que la hacen ver más alta que Abarca, repartía juguetes, despensas, electrodomésticos y todo tipo de regalos en sus eventos al frente del DIF municipal. Pero su gesto en serio. Siempre con Abarca a un lado.
En el video de la mujer maniatada, que es supuestamente la suegra de Abarca, se asegura que los Pineda Beltrán financiaron parte de la campaña del hoy gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, incluso, lo vinculan familiarmente con uno de los líderes de los Guerreros Unidos.
Algunos de los Pineda Villa fueron detenidos a finales del sexenio de Felipe Calderón, pero no fue el caso de María de los Ángeles.
Data en fotografías de la entonces SIEDO la captura de una docena de personas detenidas en una “narcofiesta” en Guerrero. Ahí estaban los padres de los Pineda Villa y algunos de los familiares.
Afiliación al PRD
Abarca no militaba en ningún partido. Según fuentes de Gobernación, ahora se sabe que fueron los Pineda Beltrán los que acercaron a Abarca con el PRD que desde hace muchos años es dirigido por un ‘chucho’, como se le conoce a los integrantes de Nueva Izquierda.
Los contactos fueron Lázaro Mazón, que era senador en la pasada legislatura y que vio en Abarca no sólo un candidato poderoso para ganar Iguala, sino un perfecto donante a la campaña por la gubernativa.
Para qué ser alcalde. Para desde el poder, controlar con eficacia a la Policía Municipal que tenía como orden estricta de cumplir el enfrentamiento con Los Rojos.
Hubo muchos enfrentamientos en los últimos dos años.
Hasta las oficinas de inteligencia de Gobernación, llegaron decenas de vídeos con detenciones de un grupo y otro con imágenes de personas armadas.
Creció entonces la extorsión en los alrededores de Iguala hasta que también los pobladores empezaron a sufrir la delincuencia de manos de los policías.
Hasta la campaña por la alcaldía de Iguala, llegaron los hoy senadores y aspirantes a la gubernatura de Guerrero, Sofío Ramírez y Armando Ríos Piter.
Abarca entonces ya era un “chucho” y se sumaba a la lista de alcaldes vinculados a la corriente fundada por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo.
Actualmente se investigan los alcances del financiamiento de Abarca hacía otros presidentes municipales, hacía el PRD o hacia el gobernador del estado.
Este martes se espera la expulsión de Abarca de las filas del PRD por sus evidentes nexos con la delincuencia organizada, aunque en las calles de Iguala está la amenaza escrita en mantas sobre que Guerreros Unidos darán a conocer los nombres de los políticos vinculados con ellos, y por tanto, también vinculados a los Beltrán Leyva.
Desde marzo, testigo declaró contra Abarca en PGR
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, aseguró que desde marzo pasado, Nicolás Mendoza Villa, testificó ante la Procuraduría General de la República (PGR y señaló al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el presunto asesino de del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Según información publicada por El Sur, la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, aseguró que los primeros días de agosto acudió a la PGR, donde se enteró que la autoridad federal trajo el crimen del dirigente de la UP, por lo que se tuvieron, en ese momento, condiciones para detener al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez.
Sin embargo, añadió, el alcalde tenía que ser removido antes del cargo por el Congreso local; pero, no aprehendieron al encargado ni promovieron el juicio de desafuero.
Otros dos activistas, Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de El Charco, así como Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidieron que las omisiones de las autoridades estatales y federales en las muertes y desapariciones de integrantes de la UP, lo que derivó en los ataques y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por parte de la Policía Municipal y el grupo criminal Guerreros Unidos.