México DF 30 de agosto de 2014 (lasillarota.com).- En México, el robo a transeúnte es el delito más común y los teléfonos celulares son uno de los principales botines de los delincuentes, dispositivos que en los últimos años se han convertido en medios idóneos para ejecutar delitos como el secuestro y la extorsión.
Tan solo en 2012, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, de los 7 millones 931 mil 693 asaltos en vía pública que se registraron, 3 millones 150 mil 996 (39.7 por ciento) estuvieron relacionados con un dispositivo móvil, y en 899 mil 235 casos (11 por ciento) el objetivo fue exclusivamente para robar el celular.
Sin embargo, del total de celulares robados, sólo uno de cada 10 es inhabilitado a través del Código de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI, por sus siglas en inglés).
Y según cifras de la Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, entre el 7 de agosto de 2012 y el 11 de agosto de 2014, sólo 627 mil 544 celulares fueron inhabilitados a través de este mecanismo, es decir, 313 mil 772 (9.9 por ciento) al año.
Dejando al menos dos millones 837 mil 224 celulares (90.1 por ciento) libres para ser vendidos en el mercado negro o para cometer algún tipo de delito como el secuestro o la extorsión.
Ante esta problemática, Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, presentó una propuesta ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), organismo del que forma parte como invitado permanente, para que la Secretaría de Gobernación (Segob) implemente una campaña de comunicación y que la ciudadanía conozca la importancia de obtener la IMEI de su teléfono, con la que podrá bloquear el dispositivo en caso de robo y así evitar que éste sea revendido o utilizado para delinquir.
En entrevista exclusiva para La Silla Rota explicó que con esta medida se busca “desincentivar al ladrón” y “pegarle al mercado negro”, que recibe ganancias superiores a los 4 mil 726 millones 494 mil pesos al año.
“En el 11 por ciento de los casos, únicamente y exclusivamente se robaron un celular, por lo menos podemos pensar en abatir este porcentaje, y muy probablemente le peguemos a más”, vaticinó.
Dichas cifras, muestran que cada cuatro segundos un mexicano es asaltado y cada 10 segundos se roban un celular en nuestro país.
Además, según la propuesta,aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su XXXVI Sesión Ordinaria, el Gobierno de la República establecería el 088 como un número telefónico nacional en el que los ciudadanos puedan reportar la IMEI de un teléfono robado.
“Buscamos hacer mucho más sencillo el trámite para el ciudadano, y en lugar de que hables a la telefónica y tengas que peregrinar en torno a la compañía, sólo tendrías que marcar al 088 y la telefónica dará de baja el dispositivo, es hacer más amigable este proceso se dé con mucho más frecuencia”, agregó.
Geolocalización inmediata
Ambrogi Domínguez también presentó una segunda propuestaante el Consejo Nacional de Seguridad Públicaen materia de telecomunicaciones: establecer una interfaz directa de los servidores de telefonía celular a un centro de información de la Federación,para que, la geolocalización “sea más rápida, eficiente y precisa” en cuestiones de seguridad.
Sin embargo, ésta fue turnada “a cartera” para su evaluación y eventual aprobación.
De acuerdo con el planteamiento, el Gobierno de la República debería de contar con una interfaz de acceso directo a los servidores de las compañías de telefonía celular para que se pueda conocer en tiempo real la ubicación geográfica precisa de un aparato móvil cuando este sea utilizado en actividades ilícitas como son el secuestro o la extorsión, pues muchas veces “las autoridades carecen de herramientas tecnológicas que les permitan localizar con prontitud y precisión a los delincuentes”, comentó Ambrogi.
Y aunque la ley ya obliga a las compañías de telefonía celular a informar sobre la localización de un dispositivo, ésta le da un margen de 24 horas para entregar la ubicación, lo que hace “burocrático” y “rudimentario” el procedimiento.
“En el tema de secuestro los minutos y las horas son cruciales, son todo, tenemos que avanzar en ese aspecto y darle a las autoridades ese acceso directo. Lo importante es que se puedan utilizar en toda su capacidad la tecnología en beneficio de las víctimas y de rescatarlas con vida”, aseveró.
Cárceles, los “call centers” de la delincuencia
Respecto a la extorsión telefónica, “la cifra es preocupante”, lamentó el especialista en seguridad pública, pues representa el 21.5 por ciento del total de delitos en este país, lo que quiere decir que cada 5 segundos se intenta una extorsión telefónica.
Incluso, comentó que la propia autoridad reconoce que se concentran las extorsiones telefónicas en los penales, a su parecer, se han convertido en “los call centers de la delincuencia”.
“Si tú denuncias una extorsión al 088 muy probablemente la operadora te diga que la llamada proviene de un penal”, dijo, y pese a que desde 2009 hay una disposición, un acuerdo para que fueran instalados bloqueadores de señal en los centros penitenciarios del país, y se han gastado 430 millones de pesos en este rubro “no vemos que la incidencia baje”.
En este sentido, comentó que la deficiencia está en la operación de estos inhibidores de señal, pues se realiza de manera interna, el control lo tiene algún funcionario al interior del penal, ya sea el director o algún funcionario dentro del mismo centro de readaptación.
“Esto no debe operar así, porque se presta a muchos vicios y a situaciones en donde también pueden estar en riesgos los propios operadores del penal”, pues hoy en día la tecnología, permite que los bloqueadores de señal operen de manera remota y centralizada, “y eso es lo que nosotros estamos planteando”, dijo.
Esta propuesta, presentada por Ambrogi ante el CNSP, también fue “turnada a cartera”; plantea que sea el Gobierno de la República el encargado de controlar los inhibidores de señal celular en todos los penales del país, así como vigilar las telecomunicaciones, alámbricas e inalámbricas, públicas o privadas, que operen dentro de las cárceles.
Durante la reunión del Consejo Nacional se dejaron tres propuestas más para su análisis referentes a: los protocolos de operación y equipamiento para puestos de control y puntos de revisión carreteros; la modificación de la jornada laboral de los agentes de las Policías del país; y para la instalación de sistemas de localización satelital (GPS) en todas las patrullas estatales y municipales a través de los recursos del Subsemun.
“Todas tienen un elemento en común, parten del sentido común, son sencillas y no esperamos que se tengan que hacer ni grandes inversiones, ni grandes cambios de criterio o culturales para que operen. Porque muchas veces el recurso ya está destinado, solamente es cosa de hacerlo operar bien”, detalló Ambrogi.
NUMERALIA
Cada 3.9 segundos un ciudadano es víctima de robo.
Cada 10 segundos un celular es robado en México.
3 millones 150 mil 996 celulares fueron robados durante 2012, de acuerdo con el INEGI
$1,500 es el costo promedio de un celular robado y revendido en el “mercado negro”
$4,726,494,000 son los ingresos obtenido por la delincuencia por celulares robados
La extorsión telefónica representa el 21.5 por ciento del total de delitos
Cada 5 segundos se intenta una extorsión telefónica