CIUDAD DE MÉXICO 29 DE ENERO DE 2025 (AFN).- La Asociación de Bancos de México (ABM), pidió al Senado enriquecer el dictamen de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se discute actualmente en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.

En el marco del Parlamento Abierto sobre el Análisis y Discusión de las Reformas Legislativas para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, organizado por la comisión de Justicia, José Luis Stein, coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la ABM, reconoció que esta iniciativa es clave para la banca mexicana.

“Quisiera destacar que la ABM coincide en la importancia de contar con una regulación robusta en la materia de prevención de lavado de dinero, que nos permita evitar que recursos providentes de origen ilícito, como de actos ilícitos, se integren al sistema financiero”, señaló.

En su participación, recordó que con la promulgación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como la Ley Antilavado, se dio un paso clave en la consolidación de un marco regulatorio sólido en la materia, sin embargo, dijo, puede mejorarse.

“En este sentido, la ABM considera que la iniciativa es positiva. Ahora bien, desde la perspectiva de la ABM, la iniciativa podría enriquecerse aún más con algunos ajustes puntuales. Sobre el Registro de Actividades Vulnerables, se sugiere que dicho registro sea público, y de esta forma garantizar una mayor transparencia y brindar elementos adicionales que permitan detectar a clientes que realicen actividades vulnerables”, expuso 

Mencionó algunos aspectos que pueden acrecentar el dictamen, entre ellos: la regulación de fideicomisos con actividades vulnerables para brindar seguridad jurídica a todas las personas involucradas.

“Reformar otros ordenamientos jurídicos, tales como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los plazos de implementación de la iniciativa, que se amplie a 18 meses para que se emita la normatividad secundaria”, indicó.