CIUDAD DE MÉXICO 21 DE MARZO DE 2018 (La Silla Rota).- El gobierno del presidente Donald Trump y el estado de California, dominado por los demócratas, se enfrentaron en el Tribunal Supremo en un caso sobre aborto que podría redefinir la capacidad de los estados para legislar sobre ese derecho, reconocido en EU desde 1973.

Lee también en La Silla Rota: Aborto, el "crimen" que persigue a las mujeres

El estado de California es bastión de políticas progresistas y el gobierno de Trump se ha pronunciado en contra del derecho al aborto y cuenta con el respaldo unánime del movimiento antiabortista.

Los jueces están divididos y deben dar una sentencia en junio, pero tanto los jueces progresistas como los conservadores expresaron dudas sobre la constitucionalidad de una ley que aprobó California en 2015 y que afecta a los llamados centros de atención y crisis, instalaciones dirigidas en su mayoría por grupos religiosos y que buscan reducir el número de abortos.

Lo que tiene en contra California es el escepticismo que expresaron los magistrados progresistas, que suelen respaldar el derecho al aborto y sirven de contrapeso a los conservadores, quienes tienen la mayoría con cinco de los nueve asientos del Tribunal Supremo. En contra de la ley de California también se expresó el juez Anthony Kennedy, que se alinea con los conservadores, pero suele emitir el voto decisivo en casos más reñidos.

(Imagen de Pulso)

La ley obliga a los centros antiabortistas a colgar dos letreros: uno para informar a las mujeres sobre los servicios gratuitos o de bajo coste que ofrece California y otro para indicar si tienen una licencia médica o no.

El abogado del gobierno, Joshua Klein, se opuso a la ley de California al considerar que vulnera la libertad de expresión de las clínicas antiabortistas al obligarlas a mostrar un letrero en varios idiomas sobre el acceso al aborto que choca directamente con sus creencias. Sin embargo, sí respaldó la parte de la ley que obliga a las clínicas a revelar si tienen o no licencia médica.

Joshua Klein aseguró que el objetivo no es ir tras los centros antiabortistas, sino ofrecer información a las mujeres con menos recursos.

En años recientes, el número de centros de atención y crisis se ha disparado y ha llegado a 2,700 en todo EU, tres veces más que el número de clínicas que ofrece abortos, según datos del grupo "Paren las mentiras", cuyos miembros se manifestaron hoy a las puertas del Tribunal Supremo.

Estamos preocupadas por los intentos de estos centros falsos de salud para las mujeres y por sus intentos para vulnerar nuestras protecciones, mintiendo a las mujeres", dijo en un podido instalado fuera del tribunal Maya Rupert, exasesora demócrata y que respalda a California.

El caso ha captado una gran atención por parte de los grupos de la derecha cristiana y también por parte de las organizaciones defensoras del derecho de la mujer a decidir sobre su embarazo.

La sentencia, que los jueces anunciarán en junio, podría tener consecuencias más allá de la lucha entre Trump y California y dar una mayor discrecionalidad a los estados para decidir sobre las restricciones al aborto, lo que a largo plazo podría limitar ese derecho en Estados Unidos.