MÉXICO DF 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 (La Silla Rota).- Los Departamentos de Justicia y Seguridad Interna de Estados Unidos han modificado sus políticas y prácticas para el uso de testigos protegidos, con lo que se busca evitar que éstas continúen con actividades criminales, y se establezca mayor control sobre los agentes federales que las utilizan.
De acuerdo con El Universal, en enero de 2014, agentes estadounidenses negociaban -sin el conocimiento del gobierno mexicano- con miembros de los cárteles del narcotráfico, especialmente de alto nivel, permitiéndoles continuar con sus actividades a cambio de información de grupos rivales.
El Congreso estadounidense realizó una investigación, la cual arrojó que en 2013, las agencias de la ley de Estados Unidos utilizaron a más de 16 mil personas bajo esta figura como parte de sus investigaciones criminales, y agrega que “los informantes pueden ser críticos para una investigación, pero sin una apropiada supervisión pueden ocurrir problemas que minan la credibilidad del papel del informante en la investigación”.
Ante esto, en febrero pasado, la DEA y el Servicio de Marshalls comenzaron a actualizar sus políticas de empleo de fuentes confidenciales consultando con la División Criminal.
Ahora las fuentes confidenciales no podrán realizar actividades ilegales, como la venta de droga, a menos que se acuerde con los agentes de Estados Unidos y siempre que contribuya con la investigación.
Además, se establecieron actividades de monitoreo con la presencia de supervisores que efectuarán inspecciones en las oficinas generales y de campo. Con esto se busca controlar que las fuentes continúen con actividades criminales mientras colaboran con las autoridades de EU.
Por otra parte, la guía que se emplea en investigaciones de las agencias integradas al Departamento de Justicia, entre ellas la DEA y el FBI, señala que ésta aplica también para las fuentes confidenciales de países extranjeros.
En el caso de México, David Gaddis, ex director Regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en EU, autorizaron que sus oficiales se reunieran con miembros de grupos del narcotráfico sin informar al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los informantes miembros de los cárteles siguieran operando en los últimos dos sexenios.
“En gran parte porque estamos ahí [en México] como operación para recabar inteligencia y apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido, he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como Zambada Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi oficina en San Diego, donde puedo arrestar al fugitivo. En México no puedo”, afirmó el agente de la DEA, Manuel Castañón, en su declaración por escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago.
Por su parte, Rusty Payne, vocero de la agencia antidrogas de Estados Unidos dijo: “La DEA no hará comentario sobre estos reportes en curso. El señor [David] Gaddis no trabaja ya para la DEA”.