TIJUANA BC 17 DE FEBRERO DE 2016 (AFN).-  En pleno olvido es como se sienten residentes del fraccionamiento Tijuana Progreso, quienes han pagado miles de pesos por un patrimonio en donde vivir, pero ninguna autoridad se ha querido responsabilizar de las problemáticas que les aquejan, como lo son la falta de servicios públicos, pavimentación, seguridad y alumbrado.

En contacto con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), una de las vecinas recordó que el referido fraccionamiento fue entregado e inaugurado por el ingeniero Jorge Hank Rhon durante su administración como presidente municipal, el objetivo para dar un hogar en pagos cómodos a quienes carecen de recursos económicos.

En ese entonces, el pago de las viviendas fue de 74 mil pesos a precios congelados con dos por ciento de interés si es que había atrasos, fue en la administración del ex primer edil, Jorge Ramos en donde se les hizo entrega de un subsidio de 50 mil pesos a fin de facilitar sus bolsillos, pues los beneficiados solamente pagarían 8 mil 200 pesos por la casa y el resto sería cubierto por otras instancias de gobierno y de índole privado.

Al comienzo de su fundación la zona era identificada como colonia y Ramos Hernández les prometió la pavimentación de sus calles, sin embargo después se encontraron con la problemática de que el área fue registrada como fraccionamiento, lo cual les impidió el tener acceso a apoyos de infraestructura por parte del municipio, estado y federación.

Varios años han transcurrido y las avenidas siguen sin pavimentar generando un conflicto durante la temporada de lluvias, pues se trata de tierra de relleno que una vez húmeda se convierte en “pantano”, además de no tener iluminación en su totalidad y tampoco servicios públicos como drenaje y seguridad.

Las luminarias, señaló, también eran escasas sin embargo fue el alcalde Jorge Astiazarán Orcí quien se comprometió a incluir el fraccionamiento en el programa integral de alumbrado público más no a resolver todas sus problemáticas ya que dijo “no es de mi competencia”.

Durante la administración de Carlos Bustamante Anchondo, manifestó, se hizo un acuerdo en cabildo a fin de que se nos hicieran descuentos de hasta 40 mil pesos del precio total de la vivienda a quienes estuvieran al corriente con sus pagos, lo cual benefició en gran parte.

Sin embargo, actualmente no se respeta ya que entró un nuevo director del Fideicomiso de la Promotora Municipal, identificado como Edgar Fernández, un hombre que dijo, es “déspota, grosero y ausente de sensibilidad” ya que ha amenazado con desalojar a las personas con retraso en sus pagos y entregar la casa a otra gente.

Lo anterior, comentó que no puede ser permitido ya que muchos de los residentes trabajan en maquiladoras que quedan alejadas de la zona, gastan grandes cantidades de dinero en transporte público así como en el sustento de su familia, lo cual hace “imposible no atrasarse”.

Otra de las molestias de los vecinos es que el Ayuntamiento no ha querido atender sus problemáticas “escudándose” con el argumento no ser de su competencia, sin embargo les exigen el pago de predial e impuestos por servicios con los que no cuentan, al igual que la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) quien cobra por el servicio de agua pero niega la reparación de tuberías o fugas.

Respecto a Edgar Fernández, comentó que ha llegado a hacer acuerdos con las personas que se retrasan en los pagos de la casa diciéndoles que se les detendrá la demanda, siempre y cuando le proporcionen una cierta suma de dinero que supera los tres mil pesos, además de que los hace firmar un acuerdo en donde se establece el retirarles la casa si se llegan a atrasar de nueva cuenta.

Asimismo, tienen incertidumbre quienes ya terminaron de pagar sus casas pues no se les entrega un título como tal, sino un documento de finiquito en el que no se menciona al propietario y no les da validez para demostrar que son los legítimos dueños del inmueble.

La seguridad, refirió, también es escasa pues constantemente los jóvenes sufren de asaltos por parte de personas desconocidas que aprovechan la oscuridad de las calles y la falta de vigilancia de la Policía Municipal, incluso, hace una semanas una joven fue llevada a la fuerza a la parte alta del cerro y los uniformados no realizaron la búsqueda de la víctima ni de los delincuentes.

Son cerca de 600 familias las que por años han estado viviendo en las condiciones antes descritas y hasta la fecha ninguna autoridad ha querido tomar la responsabilidad, sin embargo les han prometido la atención en etapa de campañas electorales sin darles solución alguna.