Por: Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC 31 DE AGOSTO DE 2026 (AFN).- Tras la muerte de Vicente, un niño de tres años, ocurrida el pasado 2 de mayo en Mexicali, se plantea en Baja California una serie de reformas legales bajo el nombre de “Ley Vicente”, cuyo objetivo declarado es fortalecer la protección de niños y adolescentes en procesos de custodia y convivencia familiar, propuesto por el diputado panista Diego Echevarría.
La propuesta legislativa parte de la necesidad de revisar los mecanismos mediante los cuales las autoridades evalúan la idoneidad parental, realizan peritajes y determinan medidas de custodia, con el argumento de que deben privilegiarse en todo momento el interés superior de la niñez y la seguridad de los menores, manifestó.
Entre los cambios planteados al Código Civil de Baja California se encuentra establecer la coparentalidad y la neutralidad de género como criterios para determinar el cuidado provisional de los hijos cuando los padres no logren un acuerdo durante un proceso de divorcio, detalló.
El caso de la muerte de "Vicentito", destapó los vacíos legales y el tiempo que toma resolver conflictos de custodia, tomando en cuenta factores de riesgo y violencia intrafamiliar. La iniciativa del legislador panista también propone reconocer el derecho de los menores a una crianza equitativa por parte de ambos progenitores y establecer la custodia compartida como régimen preferente, aunque con la posibilidad de determinar una medida diferente cuando así lo requiera el interés superior de la niñez.
Para definir la idoneidad parental se considerarían factores como estabilidad emocional, salud mental, ausencia de riesgos y capacidad de protección, señaló. El planteamiento busca, de esta manera, que las decisiones de custodia no se basen automáticamente en el género de alguno de los progenitores, sino en evaluaciones específicas sobre las condiciones de seguridad y bienestar de cada menor.
Otro de los cambios propuestos consiste en facilitar el acceso inmediato a evaluaciones clínicas, psicológicas, socioeconómicas y toxicológicas durante los procedimientos familiares, explicó.
La iniciativa permitiría que dichas evaluaciones sean realizadas también por profesionales o laboratorios particulares certificados, con el propósito de reducir los tiempos de espera para determinar las condiciones en las que se encuentran los menores y sus progenitores, agregó.
La propuesta también contempla modificar las disposiciones relacionadas con la patria potestad para establecer consecuencias ante casos de negligencia grave, omisión de cuidados o exposición de un menor a situaciones que representen un riesgo para su vida o integridad.
Una reforma que incluye a ambos progenitores
En materia penal, la iniciativa propone sancionar la falta de supervisión de menores de 12 años o personas incapaces cuando sean dejados en espacios confinados y expuestos a condiciones climáticas o térmicas extremas, dijo.
La conducta podría recibir una pena de seis meses a dos años de prisión y hasta cien días multa, mientras que si se producen lesiones o la muerte se aplicarían las disposiciones correspondientes conforme a las circunstancias que se acrediten.
Asimismo, la iniciativa propone una redacción neutral en materia de violencia vicaria o por interpósita persona, de manera que las disposiciones sean aplicables independientemente del género de quien ejerza la violencia o de quien resulte afectado, precisó.
Ante los cuestionamientos sobre si la propuesta pretende favorecer al padre de Vicente, sus impulsores rechazan que se trate de una postura a favor de alguno de los progenitores: “No estamos aquí para defender a nadie ni tomar ningún lado en este caso”, opinó Echevarría, quien establece como objetivo colocar a los niños en el centro y prevenir que otros menores atraviesen situaciones similares.
El planteamiento también reconoce que algunas reformas legislativas han surgido después de casos que evidenciaron posibles fallas o vacíos legales, y sostiene que una tragedia debe servir para revisar los mecanismos de prevención, concluyó.
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