* Ex agente del CISEN fue señalado de coautoría del homicidio.
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 7 DE JULIO DE 2026 (AFN).- Un Tribunal federal ordenó la liberación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser coautor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Se trata del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, que determinó que la FGR no acreditó pruebas suficientes en contra del exagente federal, además de operar en este caso la prescripción del delito, lo cual ocurrió desde hace 12 años, según el órgano jurisdiccional.
De acuerdo con la sentencia del Tribunal de apelaciones, las videograbaciones y peritajes demuestran únicamente que se realizaron dos disparos, y que los autores materiales se encontraban en puntos distintos, sin embargo, no se demostró que hubiera un acuerdo previo entre ambos, una estrategia conjunta o que conocieran la actuación uno del otro de forma anticipada.
También, se determinó que la FGR no acreditó que Sánchez Ortega conociera la ubicación del otro agresor, en este caso, Mario Aburto, o que participara en la planeación del ataque, ni que tuviera información sobre el dispositivo de seguridad personal que tenía el excandidato del PRI, y por tanto, no se comprobaron las agravantes de premeditación y alevosía.
Sánchez Ortega, nacido en Sinaloa en 1961, fue detenido el mismo día del asesinato del entonces candidato presidencial, el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, al encontrar sangre en su ropa, además de haber dado positivo a la denominada “prueba de Harrison”, con la que se encontró pólvora en sus manos, consistentes con haber disparado un arma de fuego.
Sin embargo, el entonces agente del CISEN declaró que había asistido al mitin en Tijuana como parte de una asignación laboral, y fue liberado pocas horas después, tras declarar ante el Ministerio Público Federal.
Posteriormente, en noviembre del 2025 Sánchez Ortega fue detenido nuevamente en Tijuana, en cumplimiento a una orden de aprehensión, y acusado por la FGR de ser el segundo tirador en el magnicidio, y el 15 de noviembre de ese mismo año se le dictó formal prisión, como parte de la reactivación de las investigaciones por parte del entonces fiscal general Alejandro Hertz Manero.
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