Por: Dianeth Pérez Arreola

MEXICALI BC 18 DE MARZO DE 2026 (AFN).- La audiencia de vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla Valdez que inició por la mañana, tuvo una kilométrica sesión de lectura de datos de prueba -de 14 horas- por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que cerca de la medianoche de este miércoles se estableció un receso, para reanudarla el próximo lunes 23 de marzo a las 09:00 horas.

La sede original, la sala 6 del Centro de Justicia del Río Nuevo, tuvo que ser reemplazada con una sala en el Poder Judicial, por falta de energía eléctrica.

Tras la lectura a las acusaciones de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de facultades y atribuciones, la fiscal no pudo responder de forma concreta a las preguntas de la defensa: ¿Cuándo recibió el acusado los caudales del erario? ¿Bajo qué mecanismos recibió esos recursos?  ¿Cuál era la aplicación pública a que estaban destinados esos recursos?

La parte acusadora se limitó a responder que como gobernador constitucional del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2021, el señalado tenía a su cargo la administración de los recursos públicos y que esta responsabilidad era inherente a su cargo.

La fiscal también citó que la ley indica que cuando tenga a su cargo caudales del erario y se le dé aplicación pública distinta es un delito, aunque posteriormente cambió el término de "aplicación pública distinta" por "pago ilegal".

La defensa preguntó “¿Cuándo se recibió este pago ilegal?”, a lo que la fiscal respondió que había sido en enero y febrero de 2022, (fecha en que ya gobernaba Marina del Pilar Ávila Olmeda) y agregó que en esta etapa no se pide la exhaustividad.

En tanto, el juez preguntó al exgobernador si había entendido las acusaciones, a lo que respondió afirmativamente y se reservó su derecho a declarar.

La fiscal inició la lectura de los 19 tomos de datos de prueba, dando información repetida como los nombramientos de los funcionarios, los contratos con Next Energy, los recursos que serían destinados al proyecto, los integrantes de la Comisión Estatal de Energía, y los avances de obra.

Entre los documentos que sí señalan al exgobernador están el oficio de Rocío Nahle, entonces secretaria de Energía, donde dice a “Jaime N” que no tiene facultades para emitir una convocatoria sobre el tema energético, siendo esto del ámbito federal.

También están los análisis hechos por la administración de Ávila Olmeda con el despacho Mazars, que señalan entre otros puntos, que el proyecto carecía de viabilidad financiera, había la obligación de pago forzoso, no autorizó el Congreso el endeudamiento por 30 años, y se dió el contrato por adjudicación directa y no por licitación.

Agregó peritajes, informes y actos de inspección del sitio, así como análisis a las redes sociales del exmandatario y notas periodísticas.

La fiscalía comentó también que Marina del Pilar Ávila Olmeda, respaldó el proyecto en su momento.

Según lo expuesto por la fiscalía, Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, quien era la titular de la Comisión Estatal de Energía en la pasada administración, se acogió al criterio de oportunidad, y un forense en informática descargó 13 mil fojas de información de mensajes de Whatsapp, que confirmaron que el 20 de mayo del 2020 viajaron en un avión particular a Monterrey a reunirse con representantes de Next Energy y con Banca Afirme.

El exmandatario formó un Comité Interinstitucional de Energía, cuyos miembros eran Rodolfo Castro Valdez, secretario de Hacienda y presidente de dicho comité; Luis Salomón Faz, secretario del Agua y secretario técnico; Karen Postlethwaite, secretario de Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial y vocal; Octavio Hilton, Oficial Mayor y vocal; y Miriam Lizbeth Álvarez, vocal. Ellos, a diferencia de Jaime N, sí firmaron documentos relacionados con el contrato con Next Energy.

De las acusaciones contra funcionarios hay varios ausentes: Karen Postlethwaite y los diputados de la legislatura que aprobó el proyecto.

La audiencia continuará el próximo lunes a las 9 de la mañana. Fiscalía pidió como medida cautelar que el acusado se presente a las audiencias.

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