TIJUANA BC 23 DE FEBRERO DE 2026 (AFN).- Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (Ccspbc), aseguró que los hechos violentos registrados ayer domingo en el país fueron una demostración de un deterioro que México tiene durante décadas en materia de seguridad

En conferencia, el representante empresarial cuestionó sobre cómo es posible que la vida económica de una ciudad como Tijuana "se deteriore" ante un acontecimiento como l de ayer, que ocurrió a gran distancia (en el Estado de Jalisco).

Quijano Sosa señaló que la vida económica y social de los bajacalifornianos se vio suspendida por horas, se registraron afectaciones a personas que se dirigían a tomar transporte público, por ello cuestionó cómo es posible que la vida económica haya sido afectada de tal forma; al considerar que la sociedad mexicana necesita una explicación clara y transparente de lo ocurrido.

Expuso que, aunque medios de comunicación nacionales y prensa extranjera han dado cuenta de los hechos; persiste la omisión del Estado mexicano para explicar lo sucedido.

“Solamente se hace una descripción de que ya todo está en calma y que ya todo está bajo control; sí, pero ¿qué fue lo que sucedió?, creo que merecemos una explicación”, reiteró el dirigente; aparte de considerar que hubo omisión institucional al no salir oportunamente a brindar tranquilidad a la población.

Añadió que, aunque en Baja California se trató de hechos aislados, también hubo quema de vehículos y comercios, y esto también preocupa porque la sociedad resulta afectada.

Quijano Sosa dijo que la intención de los responsables fue "generar preocupación, terror y miedo entre la población", y que "por algunas horas lo lograron".

Hizo un llamado a los empresarios para que tengan tolerancia con sus trabajadores, para que consideren que les puede ser difícil el poder llegar a sus espacios de trabajo, ya que se prevé que podría haber ausentismo en los comercios y maquiladoras. 

Finalmente, agradeció a nombre de esta Consejo por las acciones de las autoridades de seguridad pública como el Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y a las policías municipales, así como la intervención del gobierno de Estados Unidos y de sus áreas de inteligencia.

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