MEXICALI BC 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 (AFN).- El senador por Baja California, Gustavo Sánchez Vázquez, manifestó su respaldo a transportistas y agricultores que participaron en el bloqueo carretero este lunes, al señalar que se trata de actividades fundamentales para la economía del país, y se enfrentan al abandono del gobierno.
Mencionó que entre las principales demandas de los transportistas está el incremento de robos, asaltos y agresiones a sus unidades de carga en las carreteras federales, como consecuencia de la nula acción de las autoridades para garantizar seguridad, por lo que exigen mayor vigilancia, puntos seguros para los conductores y castigo efectivo a los delincuentes.
También manifestaron complicaciones en trámites administrativos como licencias, papeletas y permisos, que afectan el desempeño del sector, así como prácticas de corrupción o “cobros excesivos” en carreteras, revisiones y servicios auxiliares que complican su labor, por lo que solicitaron que sea la Secretaría de Infraestructura, Comunicacions y Transportes (SICT) la que regularice la emisión de licencias plastificadas y demás documentos.
En el pliego petitorio a los diputados y senadores del PAN, agregó Sánchez Vázquez, los transportistas denunciaron retenes ilegales o falsos en los que son extorsionados, así como revisiones arbitrarias por parte de la Guardia Nacional por lo que urgió a presentar una estrategia efectiva que evite robo de carga, secuestro o levantones de operadores.
Los afectados, añadió, exigieron controles internos y sanciones a elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones que extorsionan, así como mantenimiento e infraestructura adecuada en carreteras.
Por su parte, el sector campesino exigió un mejor precio para el maíz y granos básicos, la exclusión de granos básicos del T-MEC, la creación de una nueva banca de desarrollo para el campo y su rechazo total a la nueva Ley de Aguas, por su impacto en concesiones y valor de la tierra.
Apuntó que en el Valle de Mexicali los agricultores han expresado como quejas principales la pérdida de transmisión o heredabilidad de concesiones de agua, así como inseguridad jurídica y falta de certeza para la inversión agrícola.
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