Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC 13 DE OCTUBRE 2025 (AFN).- Apoya la Confederación Nacional Campesina (CNC) la propuesta presentada por la diputada federal priísta Leticia Barrera Maldonado, para que el diesel ilegal recuperado por las autoridades, se destine para uso agrícola.
“El robo y contrabando de combustible representan dos de los delitos de mayor impacto económico, fiscal y ambiental en México”, afirmó Mario Soto, representante de la CNC en la entidad.
Explicó que, en materia de robo de hidrocarburos, durante el primer semestre 2025, se registraron pérdidas por 7,650 millones de pesos, lo que representa un incremento del 33 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Energía, con base en los resultados financieros de la empresa estatal, señaló.
En lo que va de la actual administración se han decomisado más de 70 millones de litros de combustibles irregulares, producto de conjunto operaciones conjuntas de las autoridades, dijo.
Soto destacó que una vez que se ha asegurado el combustible producto del robo del contrabando, este queda bajo custodia de la Fiscalía General de la República, y cuando las pruebas de laboratorio confirman que el hidrocarburo es apto para su aprovechamiento, la FGR puede autorizar su entrega al ejecutivo, en concreto al Instituto, para devolver al Pueblo lo Robado, instancia creada para estos fines.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que el combustible puede ser utilizado por la Guardia Nacional y otras dependencias del Gobierno federal o incluso donado a comunidades, recordó.
Por ello, proponen un mecanismo institucional transparente con fines sociales que permita canalizar este combustible hacia sectores estratégicos del desarrollo nacional, evitando que permanezca almacenado o pierda su potencial de uso en beneficio directo a la población.
Para aprovechar de manera transparente y segura el diesel asegurado, proponen canalizarlo al sector agropecuario priorizando a los productores de menor escala; reducir los costos de producción y mejorar la rentabilidad de las unidades productivas rurales.
Fortalecer la seguridad alimentaria nacional mediante el apoyo directo a quienes producen alimentos en el país; consolidar una política de uso social y productivo de los bienes incautados bajo criterio de trazabilidad.
