TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (AFN).- Jesús González Lomelí, uno de los señalados por el gobierno de Estados Unidos de ser operador financiero del Cártel de Sinaloa ha hecho negocios con reconocidos personajes de la región, no solo morenistas, sino también de partidos como Acción Nacional y empresarios o sus familiares. 

No todos ellos han sido mencionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), algunos de los cuales ya se han desmarcado del ex regidor y exfuncionario rosaritense, por haber cancelado su participación en sus empresas o por haber terminado finiquitando las operaciones de las mismas, según han declarado.

En el caso de Morena, partido en el poder, aparece Alejandro Cabrera Acosta, ex regidor y empresario en el ramo de mariscos en Rosarito y por el partido blanquiazul el ex dirigente municipal de Acción Nacional y exfuncionario del gobierno de Tijuana Raúl Felipe Luévano Ruiz.

En una más aparecen como accionistas: Jorge Alberto Hank Inzunza, Jerónimo Javier Vera Ayala y Jesús González Lomelí.

En una empresa constituida en Ensenada, González Lomelí se asoció con los padres del empresario Fernando Salgado Chávez, aunque en este caso dijeron haber disuelto la sociedad prácticamente a los pocos meses de haber sido constituida. 

El negocio señalado por Estados Unidos como parte de la red vinculada con González Lomelí, y en la que aparece Alejandro Acosta, es "Mariscos El Caimán" ubicado en Playas de Rosarito.

El morenista fue regidor durante la gestión que encabezó Monserrat Caballero Ramírez, e incluso, su esposa Bianka Nájar Soto fue nombrada directora del DIF al inicio de esa administración, y meses después se le pidió la renuncia al cargo, tras señalamientos de que habría puesto a su estilista personal en la nómina de la paramunicipal.

De Cabrera Acosta, quien obtuvo su lugar en la planilla por medio de las llamadas “acciones afirmativas” como supuesto integrante de la comunidad LGBT, era conocido que se identificaba como propietario -o uno de ellos- del restaurante de mariscos El Caimán, ubicado en Rosarito.

En julio del año 2024, cuando aún fungía como regidor en Tijuana, una cabeza humana con un narcomensaje fueron dejados una madrugada frente a dicho restaurante.

Cabrera Acosta, originario, según se dijo, de Rosarito, fue además funcionario en ese municipio durante la gestión de Javier Robles Aguirre, entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y actualmente funcionario del Gobierno del Estado -morenista- y quien también hace años, estableció una sociedad comercial con González Lomelí, la cual, según aclaró recientemente, fue disuelta tiempo después, aunque no se registró ese movimiento en el Registro Público

Por otra parte y según documentos del Registro Público, el 11 de febrero de 2020 se constituyó ante Notario la sociedad Operadora de Espectáculos, Alimentos y Bebidas J&R S. A. de C. V., integrada por el propio González Lomelí y Raúl Felipe Luévano Ruiz, entonces militante panista, quienes aportaron -a partes iguales- un capital social en conjunto de 200 mil pesos.

Luévano Ruiz, ex dirigente de Acción Nacional en Tijuana, fue coordinador de la campaña de Juan Manuel Gastélum Buenrostro a la alcaldía, y tras su triunfo ocupó el cargo de secretario del ayuntamiento, al cual renunció luego de un año en funciones, en diciembre del 2017, tras presuntas diferencias con el entonces primer edil.

En tanto, la empresa que tres años después constituyó junto con González Lomelí, fue señalada el jueves 18 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte de una red de negocios utilizada para el lavado de dinero para la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa.

De quien también se ha sugerido una sociedad con González Lomelí es del empresario ensenadense Fernando Salgado Chávez, propietario de la casa en Santa Fe del condado de San Diego California que se atribuyó en su momento a la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

La relación en la empresa denominada Alimentos Cisgo Sociedad Anónima de Capital Variable, se dio por el hecho de que sus padres, Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García aparecen en un acta constitutiva como parte de ese negocio relacionado con González Lomelí. 

Sin embargo, ellos afirmaron que a pocos meses de su constitución (se integró a fines de 2023), solicitaron su disolución y para esto presentaron un documento fechado -con pluma- el 27 de julio de 2024 y con sello del notario Gerardo Manuel Sosa Minakata, en la que solicitan ser retirados de esa empresa. Dicho documento fue ingresado al Registro Público del Comercio, en la Secretaría de Economía, el 25 de julio de 2025.

En el documento solicitan al señor Manuel Cisneros Romero como "administrador único" de Alimentos Cisgo S.A de CV, que convocara "con carácter de urgente" a una asamblea general extraordinaria de asociacionistas, para que pudieran ceder o vender sus acciones. 

Refieren que esa urgente petición se fundamenta en el hecho de que se percataron que no conocían a los socios que integran dicha sociedad, lo cual nunca les fue comentado o platicado. 

Y en virtud de que "desconocemos a qué actividad comercial se dedican dichas personas" hicieron esa petición "con la finalidad de no vernos involucrados en relaciones comerciales con personas desconocidas".

Contrastando con esto y después del anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el propio Manuel Cisneros Romero, al que le fue dirigida la anterior carta aseguró por su parte que, dicha empresa "nunca operó" y que quedó disuelta ante un notario público, mediante un acta de asamblea inscrita en el Registro Público del Comercio, según refirió este viernes Punto Norte, al recoger esa versión del empresario, que dijo "temer por su vida", por la publicación de su nombre en el semanario Z. 

Según el acta del Registro Público de la Propiedad, inscrito en la Secretaría de Economía, como socios de dicha empresa (que por una parte se dice que nunca operó y por otra que tan solo se mantuvieron algunos como socios, por unos meses) aparecen además de Manuel Cisneros Romero: Omar Cisneros Salcedo, Manuel Cisneros Salcedo, Reyes Contreras Jiménez, Jesús González Lomelí, Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García.

Otro de los empresarios que tuvo vínculos con González Lomelí, es Jorgealberto Hank Inzunza, propietario del Club Xolos de Tijuana, quien según documentos del Registro Público, participó en dos empresas con el señalado por el gobierno estadounidense de operar la red de lavado de dinero para “La Mayiza”.

El dueño del equipo local de futbol participó en la creación de las empresas Complejo Turístico JJJ S. A. de C. V. y Grupo Hotelero JJJ S. A. de C. V.; ambas fueron sancionadas por la OFAC del Departamento del Tesoro, al tener relación con González Lomelí.

Una de esas empresas fue registrada con un capital social de 50 mil pesos, por Jorgealberto Hank Inzunza y Jerónimo Javier Vera Ayala, con el 25 por ciento de acciones cada uno, así como Jesús González Lomelí, con el 50 por ciento de acciones.

Al respecto, este fin de semana el portal de noticias Animal Político obtuvo una declaración de Hank Inzunza, quien reconoció la sociedad con González Lomelí, con quien constituyó la dos empresas en mayo del 2021, sin embargo, afirmó que éstas no prosperaron y sólo estuvieron activas por siete meses.

“Ante la falta de resultados comerciales, se tomó la decisión, en el mes de enero de 2022, de modificar la estructura societaria a los dos socios originales, sin la participación del Sr. Jesús González, quien, a partir de esa fecha, dejó de tener cualquier vínculo legal, societario o administrativo con dichas empresas”, refirió.

Pese a ello, ambas empresas, de las que ahora son socios únicamente Hank Inzunza y Vera Ayala, fueron colocadas en la lista de los negocios sancionados por la OFAC, y que de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México, fueron bloqueadas de forma administrativa para ser investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según el propio portal Animal Político, Hank Inzunza dijo desconocer los presuntos vínculos de González Lomelí con el crimen organizado.

“Carezco de información y cabe destacar que en ningún momento se tuvo conocimiento de cualquier tipo de actividad como las que ahora se mencionan, ni de los presuntos vínculos planteados en la investigación referida”, finalizó.

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