Por Dianeth Pérez Arreola
MEXICALI BC 23 DE JUNIO DE 2025 (AFN).- La empresa Península 12 incrementó más de 400% el costo en la obra de rehabilitación de cubierta en la escuela secundaria #22 en Mexicali, lo que representa un posible sobreprecio de acuerdo con la información asentada en la Plataforma de Transparencia.
El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (Inife) hizo una adjudicación directa a esta compañía, una Sociedad de Responsabilidad Limitada en modalidad de Capital Variable, cuyo propietario es Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez, según los informes.
Aunque hay un documento que dice que el costo es de 190 mil 353 pesos, y otro que señala 195 mil pesos, en la Plataforma de Transparencia se indica que la obra representó una erogación de 984 mil 762 pesos sin impuestos, y un millón 63 mil 543 pesos con impuestos.
Península 12 licita también bajo los nombres de la cuñada y la esposa de Díaz Gutiérrez: Mónica León Meza y Kenya León Meza; y han obtenido 31 contratos localizados desde 2020 a 2024, sumando más de 70 millones de pesos, desde el 2020 hasta el 12 de agosto de 2024.
Esta empresa maneja prácticamente un 10% del presupuesto anual del Instituto encargado de construir infraestructura educativa en Baja California.
Cabe destacar que el Inife es un organismo dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt) que encabeza Arturo Espinoza Jaramillo.
Javier Urbalejo Cinco, quien fue director del Inife al inicio de la presente administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda, recibió una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado; actualmente, Urbalejo ocupa una subsecretaría en la Sidurt.
Sobre presuntos casos de corrupción en Inife y Península Doce, la diputada local Mayola Gaona publicó en abril pasado que ese instituto gastó 4.5 millones de pesos en la instalación de aires acondicionados en escuelas, pero la Auditoría del Estado detectó que en la instalación de 132 minisplits de 2 toneladas, se pagaron 20 mil 989 pesos, cuando la misma dependencia estima que esa instalación cuesta 11 mil 829.
“Un sobreprecio de más de 9 mil pesos por aire. ¿Para qué? Para beneficiar a algún proveedor amigo del gobierno. Así se ve la corrupción”, expresó la legisladora en sus redes.
El 12 de mayo pasado, el entonces secretario de Educación estatal, Luis Gilberto Gallego, explicó sobre el tema de la adjudicación directa de la instalación de aires acondicionados que el proveedor lo eligen en Oficialía Mayor. Justificó el sobreprecio diciendo que el mantenimiento lo asume la empresa y es una ventaja porque salen más caro las contrataciones individuales.
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