TIJUANA BC 5 DE MAYO DE 2025 (AFN).- El Congreso de la Unión solicitó al Instituto Nacional electoral (INE) cancelar 26 candidaturas por diversas razones y entre estas, solicita la anulación correspondiente a la  bajacaliforniana Elba Regina Jiménez Castillo, hoy día, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ella aspira a convertirse en magistrada de la Sala Regional Guadalajara del (TEPJF).

Los dirigentes del Senado y de la Cámara Federal de Diputados pidieron anular las candidaturas de esos 26 aspirantes, ya que según señalaron, en algunos casos los referidos no gozan de buena reputación; cuentan con señalamientos de abuso sexual; algún delito que demerita su trayectoria, o porque no cumplen con el promedio académico. 

El caso de Elba Regina se enmarca en este último de los señalamientos, según lo que publicó hoy el periódico El Economista, que informa sobre aquellos aspirantes que tienen una carpeta de investigación abierta o no cuentan con buena reputación o tienen algún problema que en su opinión les descalifica. 

Según esos datos, la magistrada egresó con un promedio general de licenciatura en Derecho de siete, lo que incumple el requisito constitucional.

Jiménez Castillo, de quien se dice que es fuertemente impulsada por el senador Miguel Ángel Yunes de Veracruz, recién ingresado a las filas de Morena.

Fue presidenta del Tribunal Estatal Electoral en Baja California, y antes, actuaria del Tribunal Contencioso Administrativo en Tijuana.

Con el mismo apoyo de Yunes, entonces dentro del Partido Acción Nacional y con el respaldo del entonces gobernador Alejandro González Alcocer, se convirtió en magistrada en el año 2003.

Mediante un Amparo a su favor se mantuvo durante 12 años en el cargo y con la reforma electoral del año 2014, de nueva cuenta con los apoyos políticos que contaba, se quedó durante 7 años más. 

Fue la magistrada más beneficiada con el mayor plazo, ya que otros magistrados fueron designados por tres y cinco años. 

Actualmente despacha como directora de responsabilidades en  coordinación de control interno de la Sala Superior del Tribunal Electoral.