TIJUANA BC 21 DE MARZO DE 2025 (AFN).- Al aceptar la imposición “desde otro lugar” de los secretarios de seguridad en su gabinete, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda renunció a su responsabilidad de darle seguridad a los bajacalifornianos, aseguró Alberto Capella Ibarra.

El dos veces titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, precisó que al admitir dichas imposiciones, los mandos policiacos no responden a sus instrucciones, sino a los funcionario federales.

“Yo escuché en algunas ocasiones que algunos me decían, el general secretario estatal de seguridad señala que su jefe es el secretario de Defensa y no la gobernadora; entonces desde ahí partimos obviamente a una situación equivocada”, señaló Capella.

Agregó que haber cambiado en tres ocasiones de encargado de esa dependencia, en igual número de años de gobierno, representó errores estratégicos muy claros, habiendo perdido así más de la mitad del gobierno de la morenista Ávila Olmeda.

Capella Ibarra adjudicó esa “pérdida de tiempo” a que los nuevos funcionarios tardan meses en adaptarse a sus nuevas condiciones de trabajo, así como a la entidad, tras recordar que él mismo en dos ocasiones ocupó puestos de esas características, en los estados de Morelos y Quintana Roo.

En ese sentido, también cuestionó que la mandataria estatal haya cedido la responsabilidad del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5) a la Fiscalía General del Estado (FGE) lo que, dijo, demuestra que tiene un nivel de desconfianza en su nuevo secretario de Seguridad o en otros intereses “que pretendan cuidar”.

“Es absurdo, es como ir a presentar una denuncia por robo en la oficialía de partes de un Juez penal, y que te lo reciban, entonces pues claro que las cosas no van a funcionar”, sentenció.

Por último, Capella Ibarra reiteró que a esta administración “ya se le fue el tiempo”, pues sostuvo que lo que un gobierno no haga en materia de seguridad durante sus primeros dos años tampoco lo podrá hacer en sus próximos cuatro, lo que condena a Baja California a seguir con los mismos índices de violencia.