TIJUANA BC 19 DE DICIEMBRE DE 2024 (AFN).- El Consejero del Colegio de Abogados de Tijuana, Carlos Atilano Peña, calificó de desafortunadas, reprobables y sin fundamento, las declaraciones que hoy hizo el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Juan Manuel Sánchez Rosales.

El también presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), afirmó que contrario a sus dichos, la autoridad municipal, por disposición constitucional en su artículo 21, debe intervenir en la prevención e investigación de todos los delitos que se cometen. 

"La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas y comprende la prevención, la investigación y el castigo de los delitos, refiere ese artículo", citó el abogado.

Sánchez Rosales dijo hoy en la conferencia de prensa del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, que la ola de violencia que impacta a Tijuana es resultado de disputas entre grupos criminales que se generan en otros estados, pero que no son competencia de la Policía Municipal. 

Y también afirmó que la corporación está enfocada en la seguridad de las calles y la prevención del delito, dejando el combate al crimen organizado a las instancias correspondientes. 

Al respecto, señaló Atilano Peña "hay que recordar al secretario que todas las policías, sean municipales, estatales o federales, junto con el Ministerio Público, están obligadas a trabajar de manera coordinada, a fin de brindar esta seguridad, y que por último, la corporación que dirige forma parte del Sistema Nacional de Seguridad". 

En ese sentido, agregó, sus declaraciones "no son más que una excusa para no hacer su trabajo y no combatir la delincuencia organizada que comete todo tipo de delitos, algunos del fuero común como son los homicidios, las extorsiones, la trata de personas, el narcomenudeo, etcétera". 

Por esto dijo que exigen tanto a él como al alcalde y a la gobernadora, que presenten un programa de seguridad objetivo, serio, basado en estadísticas reales, técnico, con compromiso de disminución de la delincuencia y, sobre todo, a través de la participación ciudadana que resulta fundamental en tales tareas.