TIJUANA BC 28 DE JUNIO DE 2024 (AFN).- Las propuestas de reformas al poder judicial, anunciadas y presentadas al congreso federal por el poder ejecutivo, que incluye la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son consideradas como "un gran riesgo" por integrantes de la Barra Mexicana de Abogados de Baja California.

Leonardo Abarca Jiménez, presidente del organismo de profesionistas del derecho, refirió que esto también podría ocasionar que, ante la necesidad de financiamiento para campañas electorales de algunos candidatos a ministros "podría abrir la puerta a la influencia indebida de intereses económicos o politicos", con posible intervención de grupos de poder o la delincuencia organizada, lo que "comprometería seriamente la imparcialidad y la integridad del sistema judicial".

El dirigente recordó que el pasado 5 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó lo que consideraba su "Plan C", que es "un conjunto de iniciativas que proponen reformas significativas al poder judicial federal mexicano", y entre las más controversiales están que se elija mediante el voto popular a jueces, magistrados y ministros de la SCJN.

"Esta medida plantea serias inconveniencias y riesgos para la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial", expresó Abarca Jiménez, lo que ha generado intenso debate en la comunidad jurídica y entre observadores politicos, ya que actualmente los jueces de distrito y magistrados son seleccionados mediante exámenes y concursos de oposición, lo que asegura que sus nombramientos se basen en méritos profesionales y conocimientos jurídicos especializados.

"Este sistema, aunque no exento de críticas, garantiza una cierta independencia de criterio en las decisiones judiciales", añadió, y en contraste, realizarlo en elección popular afectaría el principio fundamental de independencia judicial, pues los candidatos, en lugar de ser evaluados por su competencia jurídica, buscarían satisfacer las preferencias políticas del electorado, que a su vez llevaría a una politización de la justicia, con ministros electos "más inclinados a tomar decisiones basadas en la popularidad o en intereses particulares en lugar de en la interpretación objetiva de la ley".

Abarca Jiménez agregó que, desde un punto de vista práctico, los temas más cruciales y controvertidos suelen ser decididos por la SCJN, por eso es esencial que los ministros posean sólida formación jurídica y experiencia probada en el ámbito legal, de ahí que designar a los ministros basándose únicamente en su popularidad podría resultar en una falta de preparación técnica y una menor capacidad para resolver los complejos desafíos legales que enfrenta México.

"Aunque la intención de promover la participación ciudadana en la elección de ministros puede parecer loable, las consecuencias de esta medida podrían ser profundamente negativas para la independencia judicial y la estabilidad del Estado de Derecho en México; la experiencia y la competencia deben seguir siendo los criterios primordiales para la selección de integrantes del poder judicial, garantizando así que las decisiones judiciales sean tomadas con imparcialidad y objetividad", reiteró.