TIJUANA BC 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 (AFN). - El 21 de septiembre de 2023, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) estableció que con la detención del agente Estatal Víctor Alfonso Moreno Mejía, conocido como "El Moreno Mangueras", las autoridades de Estados Unidos estarían investigando a otros elementos policiacos en la entidad, ya que se presumía que estaban traficando drogas hacia aquel país.
En posteriores trabajos periodísticos AFN señaló que, tanto a elementos estatales de la fiscalía así como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y elementos municipales, se les señalaba de estar robando droga a los cárteles del narcotráfico, y que para evitar ser detectados y enfrentar las consecuencias de estos hechos, estaban entregando y vendiendo esos estupefacientes en territorio estadounidense, con el alto riesgo de ser detectados, después de los casos en que elementos en activo fueron sorprendidos cruzando la frontera con las drogas.
Se dijo que enfrentaban la disyuntiva de ser detenidos por autoridades estadounidenses o ser asesinados por criminales en la entidad, y a partir de entonces, se han registrado varios casos en los que elementos de diversas corporaciones han sido objeto de ataques criminales, algunos con resultado mortal.
Y a raíz de todo esto, a las autoridades en Baja California no les ha quedado más que aceptar que hay elementos que están involucrados con el crimen organizado, pero para evitar mayores daños ahora señalan que ya los tienen investigados o suspendidos.
En su momento, el general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reconoció que no se dieron cuenta "por dónde se les coló el narcotráfico" y durante la última mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que son por lo menos 23 elementos de la Fuerza de Seguridad Ciudadana -que él dirige- los que están en esas circunstancias, por presumirse diversos delitos, entre estos narcotráfico y secuestros.
La fiscal Estatal María Elena Andrade Ramírez, hoy dijo que, en el caso de la fiscalía, son ocho los elementos que investigan, aunque no dio una información más completa, sobre probables investigaciones que se estén haciendo a los agentes señalados por Aguilar Durán o a cualquier otro.
Y debido a que ya es imposible ocultar lo que ocurre en Baja California, este día, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador aceptó desde la Ciudad de México, que después de recorrer el Estado durante tres días, encontró que, efectivamente el de la inseguridad, es "una asignatura pendiente" en la entidad.
Antes de caer "El Moreno Mangueras" en manos de las autoridades estadounidenses, en junio de este mismo año, las autoridades federales de aquel país descubrieron y detuvieron a la fiscal estatal, Ana Sofía López Osuna, quien tras ausentarse de su trabajo (bajo el argumento de que iría a comer) pasó a Estados Unidos para entregar un vehículo cargado de droga, cuyo valor fue estimado en casi un millón de dólares en aquel mercado.
Desafortunadamente para ella, fue detectada por las autoridades estadounidenses y la detuvieron junto con otra persona a la que procesaron en la Corte Federal.
Mientras tanto, desde ese junio a la fecha, por lo menos siete agentes policíacos, entre estatales y municipales, han sido asesinados en el último año, en hechos presuntamente relacionados con acciones irregulares en el desempeño de sus funciones.
Destaca además la detención, en el mismo lapso, de cuatro elementos los dos de la fiscalía y otros dos de la policía estatal por el tráfico de enervantes a Estados Unidos, donde enfrentan, al menos tres de ellos, cargos por delitos federales.
En algunos de estos casos, los titulares de las corporaciones policiacas involucradas han señalado a los medios de comunicación, que los oficiales abatidos estaban “suspendidos” de sus funciones, sin embargo, seguían perteneciendo a los cuerpos policiacos.
El caso más reciente ocurrió la tarde del lunes, cuando alrededor de las 18:00 horas fue abatido a balazos Salvador Vargas, elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en una estación de gasolina en la zona del Cañón del Padre.
Horas después del crimen, personal de la propia fiscalía estatal dio a conocer, de manera extraoficial, que el agente abatido estaba suspendido de sus labores desde hace unos días, por lo que no estaba en servicio al momento de ser asesinado a bordo de un vehículo particular.
Fuentes consultadas al respecto indicaron que el agente estatal habría sido suspendido luego de un operativo en el que intervinieron, junto con la AEI otras corporaciones policiacas, y en el cual hubo un importante decomiso de droga, el cual no fue consignado.
Tres días antes, el pasado viernes 24 de noviembre fue asesinado, también estando fuera de servicio, el agente municipal Loreto León Bueno, cuando llegaba a su domicilio en la colonia Mirador Capistrano; versiones extraoficiales advierten que ambas ejecuciones podrían estar relacionadas.
Otro caso ocurrido recientemente es de la agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) Dalia Suzeth Espinoza, ocurrido la mañana del pasado 19 de octubre, cuando la oficial -vestida de civil- salía de su casa en la colonia Las Abejas, para ir a dejar a su hija a la escuela; estos últimos dos crímenes quedaron grabados en cámaras de seguridad privadas, por lo que se pudo tener datos de los homicidas.
Ese caso trascendió que ese asesinato habría sido un mensaje para su pareja, también agente estatal, identificado como "El Cholo", al que supuestamente se le ubicó en un lugar del que también "desapareció" droga, que narcotraficantes estaban reclamando y que acusaban a los elementos que acudieron al lugar, de habérsela adjudicado.
De esa presencia en el lugar trascendió un video que fue circulado en páginas que manejan información del narcotráfico.
Seis días antes de ese homicidio, fue asesinado, también en Tijuana, Mario Martínez Martínez, quien fungía como director de Seguridad Pública en el municipio de San Quintín, y del 2017 al 2021 fue director de la Policía Municipal de Tijuana, donde se desempeñó por más de 30 años.
Otro de los casos recientes es el del agente municipal Miguel López Llanos, asesinado el viernes 1 de septiembre pasado, en Playas de Tijuana, cuando tripulaba una camioneta de modelo reciente, en compañía de su esposa, también agente municipal y que resultó herida, así como de su hija menor de edad.
Sobre ese caso, horas después en el puente de El Mirador fue colocada una manta, en la que se hicieron señalamientos en el sentido de que el oficial abatido colaboraba con un grupo del crimen organizado, en tanto que la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, aseguró que se tenían carpetas de investigación en contra de López Llanos, las cuales estaban por ser consignadas ante la fiscalía estatal.
Un caso similar ocurrió el 4 de agosto de 2022, cuando fue asesinado Hermes García Santoyo, elemento de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien esperaba su vehículo en un centro de lavado del bulevar Insurgentes.
Este elemento, según consta en archivos periodísticos, había sido detenido en octubre de 2018, cuando intentó asesinar a un hombre, y se le decomisaron dos armas de fuego, así como una cantidad no especificada de droga sintética.
Al momento de ser asesinado, el agente aún pertenecía a la AEI, aunque la propia fiscalía estatal aclaró que tenía tiempo presentando incapacidades médicas, sin embargo, la noche del 17 de marzo, cinco meses antes de su ejecución, fue mencionado en una “narcomanta” colocada en Mexicali, y dirigida tanto a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como al entonces fiscal Ricardo Iván Carpio.
“Gobernadora y Carpio, aun cuando tu gente no ha respetado compromisos con nosotros no generamos problemas, sin embargo, no toleramos robos, así que Hermes, Chicharito, M2, Montero y Nides, devuelvan los 145 o tengan las consecuencias”, señalaban textual dos narcomantas, una de ellas colocada en el estacionamiento de la propia fiscalía estatal en Mexicali, y otra más colocada en un puente cercano a donde, en ese tiempo, residía la mandataria estatal; en esos hechos además fueron incendiadas tres unidades de la fiscalía.
Otro hecho que tampoco ha sido esclarecido por las autoridades, es el asesinato de José Alberto Enríquez Martínez, conocido como “El Potro”, quien era subcomandante del grupo de homicidios de la fiscalía estatal.
“El Potro” fue atacado a balazos la mañana del 22 de febrero pasado, cuando salía de su vivienda para ir a trabajar, y tras permanecer hospitalizado finalmente falleció el 8 de marzo; meses antes, había brindado seguridad a un grupo musical que fue amenazado para que no se presentara en Tijuana.
En otros casos, los que tienen que ver con las detenciones de elementos de la fiscalía estatal y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) -dos de cada corporación- tres de ellos fueron detectados en la garita de San Ysidro cuando intentaban cruzar droga, y otra más cuando ya se había concretado la operación.
El primer caso ocurrió el 19 de junio del 2022, cuando Octavio Andrée Espino Torres, quien fungía como secretario particular del entonces fiscal estatal Ricardo Iván Carpio Sánchez, fue aprehendido por autoridades estadounidenses en la citada garita, al encontrar casi 30 kilos de metanfetamina oculta en el vehículo de su propiedad, en el cual pretendía cruzar al vecino país.
Un año después, el 24 de junio del 2023, Ana Sofía López Osuna, registrada como Agente del Ministerio Público de la fiscalía estatal en Tijuana, aunque presuntamente desempeñaba funciones como asistente del fiscal regional, fue aprehendida en San Diego, tras presuntamente entregar un cargamento de cocaína, el cual habría cruzado a Estados Unidos en un automóvil, sin ser detectada en la garita.
De estos dos casos sólo López Osuna sigue detenida y bajo proceso judicial, en tanto que Espino Torres ya no aparece en la lista de personas detenidas en el país vecino, y se presume que habría obtenido algunos beneficios tras proporcionar información sobre actividades ilícitas de este lado de la frontera.
Sobre los agentes de la FESC, se trata de Víctor Alfonso Moreno Mejía y Mizraim Gazcón, detenidos el 19 de septiembre y el 22 de noviembre, respectivamente, en la garita de San Ysidro.
El primero de ellos fue detenido cuando pretendía cruzar por la frontera un cargamento de alrededor de 44 kilos de cocaína, y el segundo fue aprehendido en posesión de más de 20 kilos de metanfetamina, y 400 litros de un precursor químico para la elaboración de droga.
En ambos casos, sin proporcionar mayores informes, las autoridades señalaron que se trataba de agentes que “ya estaban” bajo una investigación interna por presuntas irregularidades en sus funciones.
Sin embargo, de manera extraoficial ha trascendido en esos casos, que los cargamentos de droga que los oficiales pretendían cruzar a Estados Unidos, son producto de robos o “bajes” que ellos mismos realizan en operativos que no son consignados a las autoridades, por lo que se trataría, en ese supuesto, de una operación al margen de los grupos criminales que operan en la entidad.
Moreno Mejía habría sido detenido el lunes 18 de septiembre de este año cuando intentaba cruzar la frontera por San Isidro California llevando consigo poco más de 44 kg de cocaína que fueron valuados en varios millones de pesos.
