TIJUANA BC 19 DE JUNIO DE 2023 (AFN).- David López Jiménez, El Cabo 20, considerado uno de los mayores generadores de violencia en Baja California y acusado como presunto responsable del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, es uno de los varios "cabecillas" que en los penales de Baja California reciben abiertos privilegios, denunciaron custodios de estos sitios.

A través de una carta dirigida a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y cuya copia fue dejada de manera anónima en las oficinas de Agencia Fronteriza de Noticias, quienes se dicen servidores públicos del Estado, policías estatales de seguridad y custodia penitenciaria, denuncian acuerdos ilegales establecidos por los directivos de los penales y aquellos que encabezan a los grupos de presos recluidos en esos lugares.

A la gobernadora, le hacen saber en dos cuartillas y media que, como servidores públicos no pueden aplicar las medidas de disciplina que establece el reglamento porque los acuerdos que han establecido las autoridades penitenciarias con los "cabecillas" de los reos lo impiden, y por eso no sólo les restan autoridad, sino que los han puesto en grave peligro.

Entre los ejemplos que señalaron de los casos que salen de la ley, destaca el del llamado "Cabo 20" que, no obstante haber sido acusado por la fiscalía Estatal de varios delitos y de haberlo señalado públicamente como "el mayor generador de violencia en el Estado", goza de privilegios junto con otros que tienen la solvencia económica, en lugar de tener medidas de seguridad restrictivas por su alto perfil criminológico.

Aseguran que este detenido, tiene privilegios como: contar en su celda con teléfono celular, comida especialmente preparada; posesión de droga para su consumo y el poder recibir visitas conyugales de mujeres sexo servidoras, con el supuesto conocimiento y aprobación de la propia comisionada, María Elena Andrade.

También refieren lo que sucedió el pasado domingo 28 de mayo dentro del Penal de El Hongo 1, donde según trascendió, hubo un intento de motín que según las autoridades, fue rápidamente sofocado.

Aseguran que en esa fecha, se llevó a cabo una revisión en el pasillo del edificio 4 donde se encontró droga en una celda, sin embargo, los reos se sintieron ofendidos porque, según dijeron, lo que poseían está dentro de los acuerdos y negocios que tienen con los mandos del penal, por lo que sometieron al custodio de nombre Óscar César Espinosa Flores.

Afirmaron que lo metieron a una celda y le causaron varias lesiones, ya que le quebraron un brazo y casi le desprendieron una oreja, y ya no pudieron proseguir debido a que fue rescatado por los propios custodios.

Pero después de esto, afirmaron, a pesar de haber lesionado a su compañero y causado daños a las celdas, al margen de la droga encontrada, no fueron puestos a disposición del Consejo Técnico para la sanción correspondiente, de acuerdo al reglamento interno de los penales del Estado, sino que por el contrario, no se le aplicó ninguna sanción.

Los televisores con los que cuentan en las celdas ni siquiera les fueron retirados, como podría ser esperado según el reglamento, además de que el martes 30 los reclusos salieron al patio para hablar por teléfono y comprar mercancías de tienda, además de que recibieron su visita semanal familiar "lo cual sin duda alguna, demuestra la complicidad de nuestros mandos superiores con los privados y el autogobierno que se vive en el penal".

Los denunciantes señalaron otro hecho ocurrido el pasado mes, cuando uno de sus compañeros que tenía el cargo del jefe de turno en el penal del Hongo 1, llevó a cabo una revisión con su personal, en un pasillo del edificio 2 donde se encuentran los reos apodados los "Burréelos", quienes tienen permiso de la dirección del penal para entrar y salir a todos los edificios, ya que hacen "misiones o mandados" a los cabecillas, que tienen acuerdos con los mandos que son el director y los superiores.

En esa revisión se encontraron varios objetos prohibidos como teléfonos celulares, sin embargo, los reclusos argumentaron que pagan por tener todo eso al director del penal Jorge Alberto Melo Santander, quien ese día no estaba presente por encontrarse de vacaciones, pero que al volver, dijeron, se enteró de la revisión e inmediatamente le quitó el cargo al supervisor que la llevó a cabo, y con autorización de la comisionada lo cambió la ciudad de Mexicali, además de que ordenó devolver todo lo decomisado, sin ser sancionados los responsables.

"Nosotros vemos todo este tipo de actos y tenemos miedo al actuar, porque estamos en medio de todos estos compromisos torcidos de los funcionarios que están al frente de la institución, así que ahora, si trabajamos de forma honrada y legal nos metemos en problemas con los mandos superiores".

En otro de los casos, señalaron que en el penal de Tijuana, la comisionada a través del director Carrillo "tiene acuerdos fuera de la ley, con un privado de nombre Miguel N, que habita en el edificio L, quien manda y dirige a los "privados" dentro del penal.

De todo esto informaron al comisario general Ricardo Julián Lara Ceja, pero aseguran que no los apoyó, sino que por el contrario, les dijo que aquel custodio que no le guste trabajar así, que se vaya y que serán reemplazados por los guardias institucionales, que son aquellos que han ingresado recientemente, sin haber cursado la Academia.

Aseguran que también les advirtió que a él nadie lo quitará de su puesto "porque tiene una muy buena relación y amistad con la comisionada María Elena Andrade, por lo que ni ella ni la gobernadora lo removerían del cargo".

Señalan que en esos acuerdos con "líderes" de los reclusos, además de la comisionada María Elena Andrade, están quienes integran su equipo cercano: Carlos Buenrostro, Javier salas Espinosa y Manuel López, quienes "se encargan de los acuerdos torcidos, negocios ilegales con los cabecillas de privados de la libertad".

Por todo esto, aseguraron que no tienen duda de que estos mismos individuos de alto perfil criminológico, tengan que ver con la ola de violencia que se registra en el Estado.

Le solicitan a la gobernadora revisar el caso y realizar una investigación urgente para que descubra lo que está ocurriendo, ya que aseguran que Andrade, además de que les prometió un aumento de sueldo -sin haberles cumplido- no ha querido hablar con ellos ni atenderlos, no obstante que el pasado 13 de este mes, en el penal de Tijuana, solicitaron varios de los denunciantes dialogar sobre estos problemas, pero no les atendió.