TIJUANA BC 13 DE NOVIEMBRE DE 2022 (AFN).- En una acción sin precedentes en Baja California, la gobernadora de la entidad, Marina del Pilar Ávila Olmeda denunció a un comentarista y a un periodista, contra quienes pidió "medidas cautelares" y la supresión de su publicación.

La denuncia la hizo ante la Comisión de Quejas del Instituto Estatal Electoral (IEE), el pasado mes de agosto, en contra de Juan Arturo Salinas -periodista y director editorial de la revista Panorama-, y contra el exdirector del Issstecali, Odilar Moreno Grijalva quien, como otros ex colaboradores del exgobernador Jaime Bonilla, se ha convertido en uno de los comentaristas de la cadena de noticias PSN.

Las medidas cautelares las demandó bajo el argumento de "violencia de género" por su condición de mujer, que afecta sus derechos políticos, y por un reportaje firmado por Moreno Grijalva en la revista Panorama (también propiedad de la misma empresa), relacionado con la muerte de la menor Adrianita, la niña que falleció en La Presa por "omisión de cuidados" por parte del DIF, que la tenía bajo su responsabilidad.

En alguno de sus párrafos, el doctor Moreno Grijalva establece que la muerte de Adrianita, no habría ocurrido con el bebé de la gobernadora, quien por su condición social y de relación con la gobernante, no está bajo riesgo y cuenta con cuidados especiales.

La gobernadora, señaló ante el Instituto mencionado (IEE) que en el editorial escrito por Odilar Moreno, y en su columna "Sin Tregua", bajo el título: "Adrianita; el crimen del DIF" se señalan diversas manifestaciones con la intención de: "menoscabar, degradar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos político-electorales, al ser emitidos en su carácter de mujer y funcionaria pública".

Dijo que hay expresiones que conllevan un trasfondo peyorativo que la vulnera como mujer, ciudadana y como funcionaria, y que además cuestionan su capacidad de entendimiento.

Se duele de que la referencia a su hijo menor lo hace "plenamente identificable ya que lo utiliza (el redactor) para compararlo con otra menor, víctima de un hecho criminal, agregando una escala de valor entre la vida de ambos menores, basado en su condición social, lo que constituye una violación a los derechos de la niñez".

Por eso, en su medida cautelar, solicitó que se suspendiera la difusión de la revista Panorama de Baja California, así como su versión digital y reproducción en redes sociales.

Sin embargo, la autoridad electoral, en un documento enviado a los denunciados, en este mes de noviembre, hace notar que no encontró ningún elemento para fundamentar que lo dicho en esas publicaciones vulneran su condición de mujer, por lo que le negó, en una revisión preliminar del caso, las medidas cautelares que solicitó.

La autoridad, bajo la firma de Karla Pastrana Sánchez, encargada de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, estableció al respecto que: Marina del Pilar Ávila Olmeda es gobernadora del Estado de Baja California, y que la revista Panorama, es un medio de comunicación de carácter periodístico.

En el expediente bajo el número IEEBC/UTCE/PES/08/2022, se advierte que al ser la denunciante una persona servidora pública: "debe tener mayor tolerancia a la crítica sobre la forma en que desempeña su función, por eso, de entrada es susceptible de recibir un mayor nivel de escrutinio, valoración y cuestionamiento y, en esa medida debe soportar los comentarios, aunque sean incómodos o le parezcan inadecuados, ya que su actividad y su comportamiento, son hechos de interés público, y por tanto, sujetos al debate y a la opinión pública".

De igual manera, se establece que no se advierte que los denunciados critiquen a la quejosa por el hecho de ser mujer, o que las conductas u omisiones que le imputan obedezcan a ese rasgo personal, y desde un enfoque preliminar, tampoco se advierte que con las expresiones se genere un impacto diferenciado o desproporcionado en ella, por el sólo hecho de ser mujer.

Por lo tanto, se manifiesta que no se aprecia la necesidad de establecer medidas cautelares por violencia política contra las mujeres -en razón de género- que tuvieran como finalidad menoscabar sus derechos políticos, ya que no parecen lesionar o dañar su dignidad, integridad o libertad en el ejercicio de su cargo político, público, de poder, o decisión que afecte tales derechos.

Al contrario, se advierte que las expresiones fueron emitidas: "como una postura o punto de vista en torno a un tema público lamentable, y de interés general para la ciudadanía, que constituye conjetura respecto a una persona que realiza una función pública, y que debe soportar un nivel mayor de crítica.

Esto con independencia de la calificación legal, dicen, que en su momento les otorgue la autoridad resolutora, al momento de pronunciarse sobre el "fondo del asunto".

En resumen, refieren en un análisis preliminar de las frases denunciadas y el contexto en que se emitieron, que no se actualizan los supuestos para el dictado de alguna medida cautelar, debido a que la parte denunciada forma parte un medio comunicación y su labor está protegida a nivel constitucional y por tratados internacionales, en tanto no afecte los derechos de terceras personas.

El artículo publicado en la revista, se añade, gira en torno a un tema de interés general, como es el fallecimiento de una menor de edad que se encontraba bajo la custodia del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Baja California.

Para llegar a estas conclusiones en las que insisten en que no se afecta su dignidad, ni se ataca su condición de mujer, ni se le limita en sus actividades políticas, integrantes de esa comisión aplicaron la "regla de la inversión" que consiste en cambiar de sexo a la persona a la que se refieren en las expresiones, o sea, reproducir los textos señalados, poniendo en lugar de la gobernadora el nombre de un hombre.