TIJUANA BC 11 DE AGOSTO DE 2022 (AFN).- La denuncia penal presentada por el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda en contra del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, y otros de sus colaboradores, en realidad no trae nada novedoso sino que en 77 páginas se repite lo que las autoridades han dicho en entrevistas y en la conferencia de prensa de los miércoles, de la propia gobernadora.

Además, llama la atención que después de toda la alharaca que se generó tras la filtración de que el secretario general del Gobierno del Estado Amador Rodríguez Lozano estaba entre los denunciados por el gobierno de la entidad, esto no es así.

La propia gobernadora, tras regresar de un viaje a la Ciudad de México, donde se hizo público que se entrevistó con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, respondió a reporteros que, le hizo de su conocimiento sobre la situación legal en este caso.

Pero pese a eso, entre los exfuncionarios imputados por la fiscalía del Estado, Amador Rodríguez Lozano, no aparece.

No obstante, corrieron versiones en el sentido de que a Rodríguez Lozano lo habrían "agregado de última hora", aunque no existían documentos firmados por él, y después se dió su nombramiento dentro el equipo de Claudia Sheinbaum, favorita del presidente de la república para ser la candidata de Morena en 2024.

En la denuncia se repiten los señalamientos, en el sentido de que Jaime Bonilla siguió adelante con el proyecto, no obstante, los avisos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, en el sentido de que no se otorgarían permisos, y también se establece que después de una aprobación que hizo el Congreso del Estado sobre el proyecto presentado por el entonces gobernante, presentó otro acuerdo que fue aprobado, de igual forma, por esta legislatura.

La denuncia penal fue presentada bajo el registro de Número Único de Caso NUC 0202-2022-06977 ante la Unidad Investigadora de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia.

Se presentó el viernes 4 de marzo a las 10:56 horas, por parte de Francisco Bernal Rodríguez, entonces secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, así como director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Los delitos por los que se les acusa son: peculado (distraer de su objeto bienes que por razón de su cargo fueron recibidos) y coalición de servidores públicos; impedir la ejecución de una ley o reglamento.

Más adelante, amplían los delitos que se les imputan, refiriendo que son: abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades; coalición de servidores públicos, delito por hecho de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades "y los que resulten", por lo que se solicita que se realice la investigación "y las imputaciones que se estimen oportunas".

La denuncia es contra Jaime Bonilla Valdez como gobernador constitucional del Estado de Baja California, entonces.

Luis Salomón Faz Apodaca, en su carácter de secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua y director general de la Comisión Estatal del Agua.

Adalberto González Higuera, en su carácter entonces, de Oficial Mayor de Gobierno, y también, como secretario de Hacienda del Estado.

Rodolfo Castro Valdez, en su carácter de secretario de Hacienda del Estado.

Israel Clemente González, como Oficial Mayor del Estado.

Marco Octavio Hilton Reyes, Oficial Mayor del Estado.

Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, directora general de la Comisión Estatal de Energía; Pablo Alonso Hernández Arellano, director de Inversión Pública; Juan Luis Flores Flores, representante legal de Valorum Capital, y supervisor financiero del contrato plurianual de compraventa de energía del consorcio denominado Next Energy de México S.A. de C.V. cuyo representante común es el señor Héctor Martínez Vivas, de la empresa Estrategia, Energía Eléctrica Comercializadora Sapi de C.V., y cuyo representante legal es Alberto Julio Pani Vano, y "quienes resulten responsables", con motivo de los hechos que describen "y que pudieran ser constitutivos de los delitos arriba referidos.

Luego se establece que, mediante el decreto número 88 que se publicó en el Periódico Oficial del Estado -con fecha 24 de julio de 2020- el Congreso del Estado, autorizó poder al "Ejecutivo del gobierno, únicamente para que, directamente y/o a través de sus entidades paraestatales celebrara un contrato plurianual de energía eléctrica derivada del desarrollo de una planta generadora de energía solar fotovoltaica, estableciendo principalmente como obligación que el costo energía por kilowatt hora, sea menor al de la tarifa contratada en esa fecha, por la Comisión Estatal del Agua.

Y se autorizó, dice el documento, para que se formalizara el contrato, a través de una licitación pública, para que se presentaran libremente proposiciones en sobre cerrado, que sería abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, garantía, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda contrató además los servicios profesionales de la firma auditora denominada Mazars Mexicali S de RL de CV, que pertenece al CPC Gilberto Gallardo Gallardo, con el propósito de que determinara los daños o perjuicios que pudieron haberse registrado, con el nombramiento del ingeniero Juan Luis Flores Flores, representante legal de Valorum Capital, y supervisor financiero del contrato plurianual de compraventa de energía en Baja California.

Se destacó que la figura de supervisor, se estableció en la cláusula 12 como supervisión de la central eléctrica, de un contrato de fecha 15 de octubre de 2020 que establece que la supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por Next Energy de México S.A. de C.V. y sus miembros integrantes del consorcio, estaría a cargo de un supervisor, que para tal efecto debería asignar por escrito el Estado, a través del Comité Interinstitucional de Energía, o equivalente durante la construcción de la central eléctrica.

La atribución de supervisión, se agrega, tendría por objeto: asegurar la debida observancia y cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, además de que sería el proveedor, o sea Next Energy de México, el que cubriera sus honorarios.

"De ahí -se indica textual- que sea evidente lo leonino y parcial del contenido del contrato de fecha 15 de octubre de 2020, pues es evidente que si los honorarios del supervisor financiero y de obra deben ser cubiertos por la empresa, es evidente que siempre serán parciales y a su favor".

Se indica que, no obstante este nombramiento debió hacerse por el Comité Interinstitucional de Energía, lo cierto es que "no se encontró  antecedente o evidencia alguna, que permita cerciorarse de que la misma se haya celebrado", y aquí se señala tanto a Luis Salomón Faz Apodaca, Secretario del Agua, como la directora general de la Comisión Estatal de Energía, Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, ambos de la pasada administración.

En la denuncia presentada ante la Agente del Ministerio Público, Rosaura Reyes Cisneros, se habla del daño patrimonial que se habría hecho al Estado, de atender las condiciones que se habían establecido; de los doce mil millones que calculan que se habrían "desviado" durante el período de la contratación, así como los 123 millones de pesos que no recibió la empresa Next Energy, y que siguieron dentro del fideicomiso que maneja el gobierno del Estado.

El próximo lunes 15 de este mes, deberá celebrarse la audiencia de vinculación a proceso en la ciudad de Mexicali, según lo que se ha establecido, y a la que Jaime Bonilla -como figura principal- ha referido que estará compareciendo, ya sea de manera presencial o vía Zoom, en caso de continuar el requerimiento en ese sentido.

La presidenta del senado, Olga Sánchez Cordero, informó en Ciudad de México que estarían llamando a Jaime Bonilla para el día 17 de este mismo mes, para que se reintegre a su escaño, en tanto que la gobernadora Marina del Pilar Ávila aseguró a reporteros que en 2024 "lo estarán esperando, si es que no acude a esta audiencia" ya que, los delitos que le están imputando no prescriben.