TIJUANA BC 13 DE ENERO 2021 (AFN). – La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acordaron trabajar de forma estrecha y conjunta en defensa de los derechos de los migrantes en la región.

Durante una conferencia virtual, el titular de la CEDHBC, Miguel Mora, y la comisionada Julissa Mantilla, relatora sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, abordaron temas en torno a las personas en contexto de movilidad en la región.

En la videoconferencia Miguel Mora subrayó la necesidad de construir mecanismos más eficientes para garantizar a las personas en contexto de migración el pleno acceso a sus derechos.

Asimismo, el ombudsperson de Baja California hizo hincapié en que se debe trabajar de manera activa el fenómeno migratorio en la entidad, ya que se ha configurado como un punto clave para la movilidad humana de manera histórica. 

En este tenor, el presidente de la CEDHBC informó que, hasta diciembre del 2020, el organismo había registrado 44 quejas con relación a personas en contexto de migración. 

De estos expedientes, los principales derechos humanos presuntamente vulnerados son el derecho a la seguridad jurídica, derecho a la igualdad, derecho al trato digno y derecho a la libertad. 

También, precisó que las autoridades más señaladas fueron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, con 16 Quejas; la Secretaría de Salud del Estado, con 6 Quejas; el Ayuntamiento de Tijuana, con 6 Quejas; y el Instituto Nacional de Migración, con 5 Quejas.

Miguel Mora y Julissa Mantilla coincidieron en la necesidad de abordar la cuestión entre los organismos públicos de derechos humanos, la sociedad civil organizada y las instituciones gubernamentales, mientras que recalcaron que, a partir de la Reforma de 2011, los derechos humanos se convierten en uno de los ejes principales del marco jurídico del Estado mexicano, de acuerdo con la modificación del artículo 1º de la Constitución, el cual establece que las personas servidoras públicas tienen la obligación inexorable de proteger los derechos fundamentales de todas las personas.