TIJUANA BC 18 DE NOVIEMBRE DE 2020 (AFN).- El presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, y al menos tres funcionarios de la Secretaría de Salud de Baja California, y otros exservidores públicos de la misma dependencia, son investigados por la Secretaría de Honestidad y Función Pública, por posibles irregularidades administrativas en la renovación del contrato de arrendamiento de las oficinas que ocupa ISESALUD en Mexicali, y que son propiedad del alcalde fronterizo.
En el caso del munícipe, se establece que podría haber un posible conflicto de intereses, contemplados en los artículos 46 y 47 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, toda vez que al estar obligado a presentar su declaración patrimonial y de intereses al inicio de su administración, habría omitido señalar que desde hace una década es arrendador de oficinas al gobierno del Estado.
De acuerdo con la secretaria de Honestidad, Vicenta Espinosa Martínez, la dependencia a su cargo también está a la espera de documentación para integrarla a la investigación del caso, en la que se obtendrían los nombres de exfuncionarios de ISESALUD que firmaron, en forma presuntamente irregular, el contrato de renta de las citadas oficinas, ubicadas sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la capital del estado.
De los documentos disponibles, consistentes en el contrato de arrendamiento firmado ya en la actual administración, se desprenden los nombres de Carlos Gómez Valdez, apoderado legal de ISESALUD, así como de Miguel Ángel Marín Cardone, jefe del departamento de recursos materiales y servicios generales, y Mikel Roberto Alcántara Hernández, encargado de despacho de la dirección de ISESALUD.
Los funcionarios mencionados, todos de la presente administración que encabeza el gobernador Jaime Bonilla Valdez, se firmó el 6 de febrero del presente año, es decir, cuando González Cruz ya tenía poco más de cuatro meses como presidente municipal de Tijuana; la vigencia del contrato vence el 31 de diciembre de este año, y por el mismo se fijó un pago mensual de poco más de 20 mil pesos, según se establece en el documento.
Al intervenir en el mensaje diario del gobernador Jaime Bonilla Valdez, este miércoles, Espinosa Martínez adelantó que con base en la Ley de Responsabilidades Administrativas, en la firma de este contrato de arrendamiento -el cual aclaró que se inició desde hace 10 años, bajo la administración del exgobernador José Guadalupe Osuna Millán- se habría incurrido en posible conflicto de intereses y tráfico de influencias.
Lo anterior, dijo, porque un hermano del alcalde Tijuana, de quien se sabe fue Ricardo González Cruz, trabajó en la pasada administración estatal y durante los primeros meses de la presente gestión, donde estuvo hasta el pasado mes de marzo, donde laboró incluso por un breve periodo de tiempo en Oficialía Mayor.
Agregó que incluso el hermano del munícipe tijuanense laboró en ISESALUD, y en entrevista con AFN dijo que estos contratos de arrendamiento que se han suscrito desde hace diez años, se celebraron de forma directa por la citada dependencia, sin la observación de Oficialía Mayor, como lo establece la norma, por lo que también se investiga esta omisión, así como el posible tráfico de influencias por parte de funcionarios actuales y de la pasada administración, quienes tuvieron en su poder información privilegiada y podrían haber obtenido un beneficio de ello.
