Uno de los documentos comprobatorios
Sonia de Anda
TIJUANA BC 13 DE AGOSTO DE 2020 (AFN).- Gestores del Ejido Lázaro Cárdenas de Tijuana también fueron víctimas de exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el año 2018, cuando entregaron 90 mil de los 150 mil pesos del apoyo que les otorgó la dependencia federal para un proyecto productivo.
Luego de que AFN reveló la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de vecinos del Ejido “Lázaro Cárdenas” de esta ciudad por la posible desviación de recursos federales, los esposos Carlos Rodríguez Reyes y Gabriela Aguilera Rivera, quienes se dijeron líderes gestores de esa colonia, buscaron a este medio para aclarar que no participaron en la señalada malversación de más de dos millones de pesos, pues ellos mismos fueron defraudados.
Este matrimonio confirmó lo expuesto en días recientes por el abogado Marco Antonio González Arenas, quien representa legalmente a algunas de las familias que resultaron afectadas, y que, ahora acusadas de malversar más de dos millones de pesos de recursos “a fondo perdido” en 2018, son obligadas a devolverlos, aunque destacaron que, en ese caso, las hoy denunciadas “nunca aplicaron los recursos en el proyecto para el que calificaron”.
Sin embargo, esta pareja dijo contar con las pruebas de los grupos que recibieron los recursos federales, de los cuales, cinco fueron los que entregaron en el Banco, ese mismo día, parte de los apoyos recibidos, a un hombre que se dijo llamar “Fernando” y del que desconocen su apellido, pero que portaba un chaleco de Sedesol; que en su caso fue de 90 mil pesos.
Destacó que el dinero no lo entregaron ellos para poder quedarse con 60 mil pesos, sino porque el funcionario de Sedesol les ofreció entregarles mercancía y facturas, que al final nunca les hizo llegar.
Explicaron que las cuatro mujeres que hoy representa González Arenas dijeron que no entregarían parte del recurso porque no tenían planes de desarrollar el proyecto que se les había aprobado en Sedesol, pues creyeron que no serían supervisadas, ya que, según ellas, esa administración federal “ya iba de salida”.
La señora Aguilera indicó que a pesar de sus recomendaciones para que cumplieran con los proyectos, las hoy investigadas por la FGR desatendieron las sugerencias, y por lo que se refiere a su caso, a ella y sus papás (que se registraron como beneficiados), sólo les quedaron 60 mil pesos -de los 150 mil pesos entregados por Sedesol- con lo cual, instalaron una frutería en un local pequeño, como lo habían proyectado, y el resto lo dieron por perdido, pues “Fernando” nunca les devolvió el dinero, ni la mercancía, de una distribuidora que se las iba a hacer llegar, y mucho menos las facturas de las que se habla.
Además, se dijeron afectados por las declaraciones del abogado González Arenas, pues éste aseguró que los lideres gestores de estos apoyos “fueron parte del fraude”, a pesar de que ellos también confiaron en que recibirían, en su caso, productos para vender en la frutería que instalaron, y que sigue operando.
Agregó que no todos los grupos que recibieron los apoyos de la Sedesol -en el año 2018- siguen con sus negocios, pues muchos quebraron, y otros nunca se instalaron, como el caso de las cuatro familias a los que hoy la FGR les está requiriendo la devolución de los recursos.
Lamentó que en su comunidad hoy son acusados de haber “operado” en complicidad con el representante de Sedesol “que nunca regresó para entregar la mercancía”, bajo el argumento de que era agredido por las mujeres que hoy aducen ser perseguidas por la autoridad federal, luego de que se practicaron auditorias sobre la forma en la que se aplicaron los recursos del programa de proyectos productivos.
Por su parte, el señor Rodríguez Reyes reconoció que los 46 grupos que se formaron -con recursos etiquetados- tuvieron que abrir cuentas bancarias para recibir el dinero, y para esto, se les dio un curso previo en el salón del Ejido Lázaro Cárdenas, con representantes de la Universidad de Chapingo, que les informaron de las reglas de operación.
Destacó que las cuatro beneficiadas que hoy son investigadas desatendieron las recomendaciones del programa, y que por ello carecen de comprobaciones de la forma en cómo aplicaron los recursos, por lo que ahora se les pide la devolución del dinero, lo cual afirmó que pueden corroborar los integrantes de los otros grupos, que en esa ocasión se beneficiaron en dicho Ejido.
Conforme a lo expuesto por el abogado González Arenas, en esa zona se integraron 15 grupos -de tres personas- que recibieron cada una 20 mil pesos, a los que les dieron en su conjunto 60 mil pesos.
Sin embargo, oficialmente el monto destinado por el gobierno federal a estos proyectos productivos (panaderías, taquerías, granjas avícolas fruterías, paleterías), fue de 2 millones 250 mil pesos, por lo que tenían que abrir cuentas bancarias, y para ello, se ofreció a acompañarlas un hombre identificado como Jorge Treviño, a quien le entregaron 90 mil pesos por cada grupo.
