TIJUANA BC 26 DE JUNIO DE 2012 (AFN).- El 20 Ayuntamiento de Tijuana encabeza la lista de los municipios en Baja California en cuanto al número de denuncias y recursos que el Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública del Estado ha realizado desde su creación.

Enrique Gómez Llanos, consejero titular del organismo de trasparencia en Baja California, refirió que el instituto fue creado hace un año aproximadamente, y desde entonces han sido interpuestas cerca de 90 denuncias contra los gobiernos en materia de trasparencia de información.

Gómez Llanos señaló que, de esta cantidad, se han realizado 53 resoluciones en favor de los recurrentes; y fue cuando dio a conocer que el gobierno municipal de Tijuana es la instancia pública de quien más denuncias han recibido por la falta de información en algunas dependencias.

“De acuerdo a la estadística (…) tenemos que el Ayuntamiento de Tijuana es que va encabezando ese tipo de recursos que se presentan ante el instituto”, afirmó el consejero.

Cuestionado sobre el tipo de denuncias y quejas que manifiestan los ciudadanos, explicó que en la mayoría de los casos es porque las dependencias públicas no publican en sus portales oficiales los salarios de los funcionarios y servidores públicos.

“Generalmente piden información en relación a nóminas, gastos que realizan o cuánto tienen asignado para sus gestiones como es el caso del Poder Legislativo, ya que  reciben partidas para gestión social y a veces preguntan para quién van destinados esos recursos”, detalló Gómez Valle.

De acuerdo a la última evaluación a los portales de las instituciones gubernamentales realizada en marzo, indicó que hicieron una serie de recomendaciones que van en el sentido de actualizar la información que se publica, para cumplir con lo estipulado por la Ley de Transparencia.

Las sanciones para quienes incumplan con lo marcado en dicha legislación, son desde una recomendación, que obliga a la institución a entregar la información solicitada a quien así lo pida, o en su defecto, una suspensión, una multa o la destitución del cargo.

Según informó Gómez Valle, todas las resoluciones que obligan a los servidores públicos a hacer pública algún tipo de información han sido acatadas, por lo que no ha existido la necesidad de sancionar a ningún funcionario.