Tijuana BC 22 de agosto de 2014 (AFN).- Integrantes de lo que inició como el movimiento “todos somos chocolate”, se manifestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en esta ciudad, reclamando a su presidente Gilberto Leyva Camacho por tener un doble discurso: "sabemos que él es socio de uno que tiene un amparo para importar".
Octavio González, vocero del movimiento “BC ya basta” –antes, “todos somos chocolate”-, encabezó a los manifestantes e informó que tenían conocimiento de que Leyva Camacho es socio de un propietario de uno de los 10 amparos que existen para poder legalizar unidades motoras.
El dirigente de manifestantes exclamó que “cómo es posible que quienes dicen que quieren ayudar a los ciudadanos, sean los mismos que tienen los amparos”, afirmando que éste es un negocio redondo.
“El mismo señor Leyva tiene intereses escondidos con las gentes de los amparos”, lo cual reiteró que es parte de la indignación de sus representados y aseguró que son 300 mil propietarios de automóviles irregulares los que existen y que si les llegaran a cobrar 500 pesos por trámite, obtendrían ganancias millonarias, por lo que puntualizó que los empresarios no deberían requerir de un amparo para hacer negocios.
Sobre la manifestación de este día González indicó que fue en pro de los ciudadanos que son víctimas de unos cuantos “coyotes” que cobran altos precios por las importaciones: “estamos diciéndole sus verdades a la Canaco”; agregó que los integrantes de esta cámara son los que están “engordando” sus bolsillos a expensas de la población, ya que los cobros de las importaciones de automóviles oscilan entre los mil y mil 200 dólares, siendo que al Gobierno Federal sólo ingresan 100 de esta cantidad.
Por su parte, Antonio Tapia, director general de la Canaco, dijo que su función es la de velar por los intereses del comercio organizado de automóviles y agregó que se trata también de un problema que afecta a la comunidad, ya que circulan en las calles las unidades sin ninguna identificación, ni documentos que acrediten la legal estancia en territorio nacional.
Sobre la supuesta relación de la CANACO con los propietarios de los amparos para importar, respondió que en estos temas: “salen a relucir muchas cosas, yo creo que quien acusa debe de demostrarlo”; y aseguró que hasta donde sabe, ningún miembro del Consejo Directivo de la cámara está relacionado con el tema.