Tijuana BC 2 de mayo de 2014 (AFN).- Luego de que el Gobierno Federal en diciembre del año pasado modificara el Decreto que certifica a las Industrias Maquiladoras de la frontera, ya empiezan a surgir los primeros efectos; como el caso de 96 empresas en el ramo textil que –de no cumplir con 4 millones de operatividad- corren el peligro de quebrar y cerrarse.
Lo anterior en palabras del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Tijuana (Canacintra), René Romandía Tamayo; quien –en entrevista con AFN- explicó que la situación se ha tornado alarmante por la dificultad de que las empresas reúnan la cantidad expuesta y que es de carácter obligatorio para todas, según dijo.
Precisó que publicadas en el Diario Oficial de la Federación se encuentran las disposiciones de Ley que tienen que acatar las empresas del ramo textil, quienes para impedir que se les cobren los impuestos que menciona la Reforma Fiscal relacionados directamente con ellas, así como los efectos de la Homologación del IVA, tienen que justificar que su inversión en activos sobrepasa los 4 millones de pesos.
Romandía manifestó que de 96 empresas textiles que se encuentran radicando en Baja California “sólo dos cuentan con ese capital, mientras que el resto son empresas pequeñas”. Agregó que en total estas empresas generan 9 mil empleos directos que también están en riesgo “de no hacerse nada”.
El presidente de la Canacintra criticó al Gobierno Federal de no tener observancia de las condiciones de infraestructura que ostentan las empresas y emitir una Ley “sin conocer de cerca la problemática que viven” y “los retos que tienen de competitividad, precio y competencia global” aseguró.
De igual manera detalló que otro de los requisitos de esta modificación es que tengan más de un año operando, pero el presidente dijo que: “esto va en contra del apoyo a empresas emergentes” puesto que en el caso de algunas apenas abrieron y se les estaría dando una trastabillada, pues su planta laboral es apenas un grupo pequeño.
“Es ilógico y es una ironía que el Gobierno Federal diga que está apoyando a las Pequeñas y Medianas Empresas Pymes, si autoriza decretos como éste que las minimiza antes de emerger” sentenció.
Romandía -en tono enérgico- anticipó que la Cámara en conjunto con otros organismos empresariales harán una contrapropuesta en las próximas fechas para ayudar a que se dé “marcha atrás” a esta imposición que afectaría por lo menos a 27 mil personas entre empleos directos e indirectos; ya que el plazo para cumplir con este mandato federal cierra el próximo jueves 15 de mayo –dentro de trece días- finalizó.
